El juez considera que Stornelli formó parte de una organización criminal clandestina compuesta por numerosas personas, entre ellas agentes inorgánicos y orgánicos de la AFI, y que los objetivos fueron políticos, judiciales y económicos.

Ramos Padilla dejó constancia que corresponde la prisión preventiva porque estuvo rebelde ocho meses y porque hay riesgos procesales, pero que --por ahora-- respeta la inmunidad que tiene por el cargo de fiscal. De todas maneras le prohibió salir el país, le fijó un embargo de diez millones de pesos y volverá a evaluar la prisión preventiva si la Procuración lo termina destituyendo.

El procesamiento es por el delito de asociación ilícita, violación de la ley de inteligencia, coacción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según Ramos Padilla, el fiscal se "valió de 'espías', con quienes intercambiaba información sobre supuestas líneas de investigación, pero promoviendo denuncias asentadas en esas ilegalidad; buscando disuadir a abogados molestos (caso Ubeira), al tiempo que usaba esa relación y los métodos ilegales para cuestiones personales (caso Castañon)".

Ramos Padilla enumeró las veces que el fiscal eludió la declaración indagatoria, con maniobras que las querellas consideraron dilatorias y de obstrucción de la causa. En concreto el juez afirma que la rebeldía es un indicio de que se eludió a la justicia y que el fiscal, en su vinculación con D'Alessio, mostró sobradamente capacidad de alteración y obstrucción de causas.

La conclusión es que correspondería la prisión preventiva, pero que no se dicta por la condición de fiscal de Stornelli. Sin embargo, dice el magistrado, que volverá a considerar la prisión preventiva si el trámite en la Procuración remueve los obstáculos que impiden ahora la detención de Stornelli, recuperó Página 12.