Rechazan proyecto para establecer la imputabilidad por debajo de los 16 años
En un encuentro de juristas, académicos, representantes de UNICEF, de la Defensoría General de la Nación y referentes de gobiernos provinciales, Santa Cruz fundamentó su rechazo al proyecto del gobierno de Mauricio Macri por el cual se impulsa modificar el régimen penal juvenil estableciendo la reducción de la edad de imputabilidad.
Caleta Olivia (agencia)
El debate que se celebró el jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el gobierno santacruceño estuvo representado por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandra Shanahan.
Las exposiciones estuvieron vinculadas directamente a las políticas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, recordándose que -según la Convención Internacional de los Derechos del Niño- la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que puedan adoptarse.
FUNDAMENTOS
Al fundamentar la postura santacruceña, Shanahan sostuvo en principio que "sancionar una ley penal juvenil implica garantizar un tratamiento que no dependa de decisiones judiciales arbitrarias, ni sostener procedimientos tutelares. Implica generar y aplicar normas que contemplen las características de los adolescentes, pero sobre todo que evite la criminalización y estigmatización".
En ese sentido, consideró que "es importante que en el ámbito administrativo se garantice el desarrollo del joven y se generen medidas preventivas, socioeducativas y de abordaje integral contempladas en el sistema de protección de derechos".
Por ello consideró que "el proyecto de reforma presentado por el gobierno central no respeta los estándares internacionales, e implica un retroceso en materia de derechos humanos".
Por otra parte vale señalar que un juez de esta provincia, Nelson Sánchez, también estuvo presente en el encuentro y participó de las mesas de trabajo multisectoriales.
Paralelamente se formó una comisión que consensuó la elaboración de una ley de responsabilidad penal respetuosa de los derechos de los adolescentes, y por mayoría se rechazó bajar la edad de imputabilidad por debajo de los 16 años de edad.
El debate que se celebró el jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el gobierno santacruceño estuvo representado por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandra Shanahan.
Las exposiciones estuvieron vinculadas directamente a las políticas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, recordándose que -según la Convención Internacional de los Derechos del Niño- la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que puedan adoptarse.
FUNDAMENTOS
Al fundamentar la postura santacruceña, Shanahan sostuvo en principio que "sancionar una ley penal juvenil implica garantizar un tratamiento que no dependa de decisiones judiciales arbitrarias, ni sostener procedimientos tutelares. Implica generar y aplicar normas que contemplen las características de los adolescentes, pero sobre todo que evite la criminalización y estigmatización".
En ese sentido, consideró que "es importante que en el ámbito administrativo se garantice el desarrollo del joven y se generen medidas preventivas, socioeducativas y de abordaje integral contempladas en el sistema de protección de derechos".
Por ello consideró que "el proyecto de reforma presentado por el gobierno central no respeta los estándares internacionales, e implica un retroceso en materia de derechos humanos".
Por otra parte vale señalar que un juez de esta provincia, Nelson Sánchez, también estuvo presente en el encuentro y participó de las mesas de trabajo multisectoriales.
Paralelamente se formó una comisión que consensuó la elaboración de una ley de responsabilidad penal respetuosa de los derechos de los adolescentes, y por mayoría se rechazó bajar la edad de imputabilidad por debajo de los 16 años de edad.