En virtud de que la Fiscalía no solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva, los policías Jaime Walter Rúa (39) y Gino Jesús Balochi (44) recuperaron la libertad ayer domingo al mediodía y en esa condición aguardarán que la parte acusadora culmine la investigación que se lleva en contra de ambos, tras lo cual se resolverá si el caso finalmente será juzgado o se finalizará con una solución alternativa de conflicto.
Ellos están imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, por el hecho que tuvo como víctima a Pablo Ovando, un joven de 22 años que en la jornada del 7 de enero, mientras conducía un vehículo, recibió un disparo en la cabeza con una escopeta con posta de goma. Ese disparo fue ejecutado a corta distancia mientras la víctima se desplazaba por el barrio Ceferino, y salió desde un patrullero policial que rápidamente desapareció.
Más tarde se descubrió que serían los dos policías de la Seccional Segunda los que habrían protagonizado el hecho de “gatillo fácil” y por tal motivo Rúa quedó imputado como autor y Balochi como partícipe necesario del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.
A todo esto en la audiencia inicial, la Fiscalía reclamó la prisión preventiva de ambos tras advertir la existencia de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, lo cual quedó demostrado cuando el encargado de turno de la dependencia donde prestan servicio aseguró que las armas largas no habían salido de la comisaría.
En esa oportunidad, el juez Mariano Nicosia les dictó un mes de prisión preventiva y el 24 de febrero la Fiscalía solicitó el mantenimiento de la medida de coerción, aunque el defensor particular, Guillermo Iglesias, reclamó la libertad. Ese acto fue presidido por el juez, José Rago, quien subrogó al juez natural de la causa y otorgó la libertad a los imputados.
No conformes con ese resultado, desde la Fiscalía se pidió que un tribunal integrado por dos magistrados revise la resolución de Rago. La Oficina Judicial designó a los jueces Raquel Tassello y Américo Juárez, quienes finalmente hicieron lugar al planteo del acusador público y otorgó otros 30 días de prisión preventiva, los cuales se vencieron el domingo al mediodía.