La Cámara Penal de Comodoro Rivadavia hizo público su fallo en el recurso de impugnación que habían presentado tanto la Fiscalía como la defensa de Andrea Ruiz, y tras confirmar la decisión de primera instancia readecuó la pena de 8 a 3 años de prisión en suspenso.
El caso por el que Ruiz fue condenada por homicidio agravado por el vínculo mediando cincunstancias extraordinarias de atenuación, ocurrió el 14 de diciembre de 2018, a las 14:30, en el baño de la casa en donde trabajaba Ruiz en el barrio Quirno Costa.
Según se ventiló en el debate, cuando la mujer comenzó con trabajo de parto de un embarazo oculto de aproximadamente 38 semanas de gestación, dio a luz a una niña, liberando la placenta en el inodoro, cortando el cordón umbilical con una tijera y colocando a la beba envuelta en una campera, dentro de una bolsa plástica, sin anudar el cordón umbilical, lo que produjo que la misma se desangrara.
La bolsa que contenía a la recién nacida agonizante quedó detrás del inodoro. Cuando llegaron al Hospital Regional, desde Tocoginecolgía dijeron que la placenta era un niño por nacer o recién nacido, por lo que nuevamente los paramédicos acudieron al lugar del hecho, donde la médica de guardia de urgencias advirtió haber visto previamente una bolsa contenedora de gasas con manchas hemáticas, por lo que ingresó y al abrirla observó que envuelta en una campera negra se encontraba una beba recién nacida, de 48 centímetros de largo, sin signos vitales, pálida e hipotérmica. La llevaron hasta la ambulancia y aplicando el protocolo médico, comenzaron tareas de reanimación que resultaron inútiles.
CONDENADA A 8 AÑOS
En primera instancia, los jueces Alejandro Soñis, Mariel Suárez y Raquel Tasello condenaron a Ruiz a 8 años de prisión, considerando como circunstancia agravante el estado de indefensión de la víctima y su ocultamiento en una bolsa.
Mientras tanto, tuvieron como atenuantes que la imputada alumbró en el baño sola, que no esperaba el parto y que no tenía ninguna medida de higiene ya que buscaba ocultar el embarazo fruto de una relación ocasional.
Asimismo, tuvieron en cuenta el desamparo por parte del padre de la víctima, así como las condiciones personales de ella y la violencia psicológica que se ejercía sobre la misma. Además, carecía de antecedentes penales computables y tiene dos hijas menores.
Ese fallo fue revisado por los jueces Guillermo Müller, Luis María Pintos y Martín Montenovo, quienes por mayoría también confirmaron el fallo de primera instancia en donde se pudo acreditar en el debate el homicidio de la beba por parte de Ruiz.
Sin embargo, a la hora de analizar la pena por el homicidio los jueces plantearon distintas posiciones en cuanto a la figura del delito, los agravantes y atenuantes, priorizando informes psicológicos en los que se dejó en claro la vulnerabilidad social de la condenada y la violencia psicológica mientras cursaba el embarazo.
Fueron esas circunstancias -según los jueces- las que la llevaron a tomar la peor decisión cuando ya estaba en trabajo de parto, pero con atenuantes a tener en cuenta a la hora de fijar la pena.
Para Müller y Pintos, la misma no se podía apartar de la escala penal del “infanticidio”, figura que desapareció del Código Penal pero es inminente su incorporación a partir de los proyectos tratados presentados en el Senado de la Nación.
Por su parte el juez Montenovo fijó la pena dentro de la escala penal del artículo 81, en donde se impone reclusión de tres a seis años; o prisión de uno a tres años al que matare a otro, encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieren excusable.
De ese modo, el fallo por mayoría readecuó la pena en 3 años de prisión en suspenso.
Los argumentos del fallo se darán a conocer en los próximos días, pero los abogados Mauro Fonteñez y Florencia Picón ya adelantaron que recurrirán el fallo al Superior Tribunal de Justicia ya que continúan pidiendo la absolución de Ruiz.
Mientras tanto se espera conocer la decisión de la fiscal Cecilia Codina, quien desde el inicio del proceso buscaba la prisión perpetua y que en la cesura de la primera instancia había solicitado 17 años de prisión.