Remitieron a la Justicia Penal Porteña una denuncia del FpV por encuesta difamatoria

Buenos Aires (Télam)
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires envió a la justicia en lo penal Contravencional y de Faltas porteña la denuncia del Frente para la Victoria (FpV) sobre la supuesta difusión de una encuesta difamatoria hacia su candidato a jefe de Gobierno, Daniel Filmus.
La decisión se tomó sobre la presentación del Frente para la Victoria referida a la encuesta “que apunta a difamar a sus candidatos para la elección del 10 de julio”, informó el Tribunal.
La decisión fue tomada por los jueces Luis Lozano, José Casas y Ana María Conde, por el voto mayoritario de los dos primeros, quienes ordenaron que la instancia contravencional ponga en su conocimiento “elementos de juicio que estime relevantes para la aplicación de la ley Electoral”, según el fallo al que accedió Télam.
“La denuncia presentada debe ser vista desde, al menos, dos perspectivas. Una, la de la posible comisión del delito tipificado en el art. 140 del Código Electoral, asunto cuya elucidación “corresponde a la primera instancia de la justicia en lo Penal Contravencional y de Faltas”, resolvió el fallo.
En un voto propio, la juez Conde había propuesto en minoría intervenir en la denuncia citando testigos y ordenando a las empresas Telefónica y Telecom informar en 24 horas nombre y domicilio del titular de las líneas desde donde -según la denuncia- se realizaron las encuestas.
Paralelamente la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría también investiga una denuncia similar presentada por apoderados del Frente para la Victoria y ordenó medidas “urgentes” para hacer cesar el eventual perjuicio a Filmus.
La denuncia sostiene que desde un “call center” -que estaría vinculado al PRO- partió una encuesta telefónica engañosa donde se aludía al padre de Filmus, de 88 años, como un arquitecto relacionado al caso Schocklender, algo desmentido por el candidato, entre otros puntos a los que consideró “difamatorios”.
El Tribunal de la Ciudad consideró, también, que la denuncia puede implicar una supuesta “malversación de caudales públicos” si se comprobase que la encuesta fue pagada desde el Gobierno de la ciudad, pero optó por impulsar la investigación desde el punto de vista de un delito electoral.

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