Presidió el acto el vicepresidente 1º de la Legislatura, Julio César Aristarain, acompañado por el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Máximo Pérez Catán, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Elisa Martínez.
Además de otras autoridades, asistieron a la ceremonia familiares, amistades y militantes comprometidos con la vida institucional democrática como también los primeros 27 beneficiarios de la Ley 5.472.
Tras la presentación de autoridades y entonación del Himno Patrio, se dio lectura del Decreto 247/07, para procederse seguidamente a las respectivas entregas de las actas a los destinatarios de este acto de reparación, siendo ellos: Arrechea José Salvador, Azzem Raúl, Brucoli Mario, Camaño Américo, Carames Calvo Blanca, Carmelino Héctor Aníbal, Carreras Daniel, Carricaburo Hugo, Fernández Carlos Marcos, Ferrari Rafael, Fratesi Oscar, Maida Sergio, Marconi Rino Rafael, Martínez González Elisa, Miguens Héctor, Morado Freddi, Moriones Norma Susana, Nielsen Guillermo, Pitiot Jorge Valentín, Quevedo Daniel Aníbal, Recchia Jorge Alberto, Ritchie Cristina, Rosini Juan Carmelo, Torrea Manuel Lorenzo, Valdéz Héctor Osvaldo, Vega Néstor Raúl y Zárate Eliseo Humberto.
En sucesivos momentos, las autoridades entregaron tales reconocimientos (actas) a los beneficiarios concurrentes.
En representación de los mismos habló el periodista Daniel Carreras, quien dijo inicialmente que «no esperen un discurso formal ni académico porque personalmente pienso que la formalidad le quita autenticidad a la verdad».
Tras aseverar que «estos diputados que hoy nos acompañan seguramente eran muy jóvenes aquel 24 de marzo del ’76 y mucho pasó bajo el puente, fundamentalmente sangre, no agua, sangre que cubrió el país, se centró en todo aquello que significara dignidad del pueblo, ahí en forma organizada junto con el azote armado que asolaba algunos países hermanos, como Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, fundamentalmente, ya estaba todo organizado bajo el nombre de Plan Cóndor».
Aludió a que «el golpe de estado vino faltando nueve meses para unas elecciones nacionales que podían haber permitido, dentro de la democracia, renovar o cambiar los mandatos, pero vino y solamente los que ya teníamos un poco de entrenamiento desde el ’72 en adelante, donde los que sabíamos que por el sólo hecho de que la chapa del auto dijera de Trelew, no había caminera del país que no nos parara».
«Trelew estaba estigmatizado ante los ojos del país», evocó Carreras, quien en la última dictadura militar fue perseguido y detenido, para aseverar que «allí había sucedido la masacre de Trelew, después luchadores sociales, gente de las ideas, de la docencia, tuvieron el orgullo de realizar el ‘trelewazo’ ya cercano a la asunción del Dr. (Héctor) Cámpora al gobierno nacional».
Recordó las cesantías producidas por el régimen militar y tuvo conceptos de reconocimiento hacia el ex secretario General de la Gobernación en 1976, Jorge W. Rojo, y al entonces gobernador del Chubut, Benito Fernández, quien debió exiliarse para resguardar su vida.
Carreras deploró las ausencias parlamentarias y dijo que cada uno de los 27 beneficiarios ahora reconocidos pueden escribir un libro, al tiempo que brindó reflexiones acerca de cómo se escribe la historia de la Patria con distintas vivencias padecidas y grandes esperanzas sustentadas en la paz y la democracia.
Agradeció al Gobierno y a los legisladores que votaron la ley estableciendo este reconocimiento democrático y exaltó la trayectoria comprometida y militante de la actual subsecretaria de Derechos Humanos.
LA MEMORIA POPULAR
Seguidamente habló la subsecretaria Elisa Martínez, quien sostuvo que «en la historia de los pueblos, con proyección histórica, la dimensión puede ser otra, sobre todo cuando se elige con tenacidad la memoria y la justicia en búsqueda de la verdad».
Afirmó que «durante demasiado tiempo la memoria de lo ocurrido en nuestro pais, fue ocultado o deformado por leyes vergonzantes, o disimulos cobardes», y agregó que «la Argentina, en términos históricos, acaba de salir apenas del silencio al que el aparato criminal del terrorismo de Estado la redujo».
La funcionaria chubutense precisó que «también hay otro blanco sobre el que atacó puntualmente este aparato criminal y ese fue apuntar a cada persona común, hacia su interior, a cada subjetividad, y ahí es donde instaló ese miedo reconocido, inconsciente, que está en la impronta de todos nosotros, pero de ese trauma también estamos saliendo, estamos hablando de silencios y de palabras, dos elementos que en este recinto son los protagonistas, porque es el recinto de la palabra, de la preservación de ella y también la puesta en valor para conformar las mejores leyes hacia el bien común, que debe ser el objetivo máximo de ellas».
Enfatizó que «no vamos a bajar los brazos» en pos de la búsqueda de Julio César López tras aludir a la condena del represor Miguel Echecolatz, para cuestionar luego que «apenas estamos saliendo de un país donde los hombres estuvieron ciegos por mucho tiempo y la justicia no tuvo pudor en correr su venda».
Luego recordó que «en nuestra provincia hubo cientos de personas que debieron soportar sobre sí y sus familias, la represión, el descrédito, la humillación de ser expulados de sus trabajos por el solo hecho de pensar y actuar según sus propias convicciones».
Destacó que «hoy, este Gobierno Provincial está ejerciendo ese ejercicio ético y de justicia, reintegrándoles sus legítimos derechos y reconociendo su dignidad, sus años de espera, de luchas y de paciencia».