Represas: el Gobierno sigue de cerca situación de despedidos
La gobernadora Alicia Kirchner, junto con el vicegobernador Pablo González, mantuvo el viernes una reunión con varios miembros de su gabinete durante la cual se analizó el avance de las negociaciones que se llevaban adelante por los 328 trabajadores despedidos en las obras de las represas del río Santa Cruz.
Caleta Olivia (agencia)
Del encuentro tomaron parte el ministro de Gobierno, Fernando Basanta; el presidente y el vicepresidente del Instituto de Energía, Jaime Alvarez y Marcelo de la Torre, respectivamente; el secretario de Ambiente, Marcelo Bertinat, y Fernando Tanarro, en representación de la Fiscalía de Estado.
Cabe recordar que fue a principios de semana cuando la mandataria hizo la primera convocatoria a sus colabores inmediatos por el mismo y preocupante tema, dando instrucciones a varios de ellos para que ejecuten acciones tendiente a preservar las fuentes laborales, lo que también implicaba entrevistarse con autoridades nacionales.
El conflicto laboral se había generado como consecuencia de la dilatación del inicio de las obras civiles, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó detenerlas al hacer lugar a una denuncia prestada por una institución ambientalista que asegura que las represas alterarían el ecosistema de los glaciares que son soporte de alimentación del río Santa Cruz.
La medida cautelar no afectaba la prosecución de obras preliminares, es decir trazado de caminos y construcción de obradores, pero la UTE que se adjudicó el emprendimiento, Represas Patagónicas, igualmente resolvió masivas cesantías.
No está claro si lo hizo para presionar a la justicia o bien porque de una u otra forma la resolución de la Corte motivó que muchos obreros quedaran sin actividad. Lo cierto es que los despidos tomaron de sorpresa al gobierno provincial.
Ese mismo día, el lunes, un grupo de operarios cesanteados que tienen residencia fija en El Calafate aseguraron que con la intervención de gremio que los nuclea, la UOCRA, habían quedado sin efecto los telegramas de cesantía, pero de manera oficial nadie lo confirmó y de hecho todo quedó limitado a un contexto de versiones
LAS ACCIONES
Al margen de ello el ministro de Economía de la provincia, Juan Donnini, junto al presidente del Instituto de Energía, Jaime Álvarez, viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantuvieron diversas reuniones, una de ellas (el miércoles) con el titular de la cartera nacional de Energía, Juan José Aranguren, consiguiendo que se convocara a una reunión entre la UTE y el gobierno central que continuará la semana próxima.
Los detalles de ese encuentro fueron suministrados a la gobernadora en la reunión del viernes que se celebró en su despacho, aunque en ese marco no se habrían tratado las quejas que por separado hizo a la UTE la Federación Económica de Santa Cruz, por las demoras en el pago a proveedores.
Por otro lado, el gobierno provincial igualmente motorizó acciones a través de la Secretaría de Trabajo que encabeza el ex intendente de Las Heras, Teodoro Camino.
El organismo se ocupó de dictar la conciliación obligatoria que puso en suspenso los despidos, aunque en la práctica hasta ayer no había constancia de que la UTE hubiera acatado esa resolución. De todos modos, las partes en conflicto ya fueron citadas a una audiencia que se celebrará el próximo miércoles.
En concreto, el gobierno santacruceño debe esperar ahora que este espinoso caso laboral se destrabe en la reunión que coordinará el gobierno nacional (sin fecha fija), de acuerdo al compromiso asumido por Aranguren, o bien en la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la provincia.
Del encuentro tomaron parte el ministro de Gobierno, Fernando Basanta; el presidente y el vicepresidente del Instituto de Energía, Jaime Alvarez y Marcelo de la Torre, respectivamente; el secretario de Ambiente, Marcelo Bertinat, y Fernando Tanarro, en representación de la Fiscalía de Estado.
Cabe recordar que fue a principios de semana cuando la mandataria hizo la primera convocatoria a sus colabores inmediatos por el mismo y preocupante tema, dando instrucciones a varios de ellos para que ejecuten acciones tendiente a preservar las fuentes laborales, lo que también implicaba entrevistarse con autoridades nacionales.
El conflicto laboral se había generado como consecuencia de la dilatación del inicio de las obras civiles, dado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó detenerlas al hacer lugar a una denuncia prestada por una institución ambientalista que asegura que las represas alterarían el ecosistema de los glaciares que son soporte de alimentación del río Santa Cruz.
La medida cautelar no afectaba la prosecución de obras preliminares, es decir trazado de caminos y construcción de obradores, pero la UTE que se adjudicó el emprendimiento, Represas Patagónicas, igualmente resolvió masivas cesantías.
No está claro si lo hizo para presionar a la justicia o bien porque de una u otra forma la resolución de la Corte motivó que muchos obreros quedaran sin actividad. Lo cierto es que los despidos tomaron de sorpresa al gobierno provincial.
Ese mismo día, el lunes, un grupo de operarios cesanteados que tienen residencia fija en El Calafate aseguraron que con la intervención de gremio que los nuclea, la UOCRA, habían quedado sin efecto los telegramas de cesantía, pero de manera oficial nadie lo confirmó y de hecho todo quedó limitado a un contexto de versiones
LAS ACCIONES
Al margen de ello el ministro de Economía de la provincia, Juan Donnini, junto al presidente del Instituto de Energía, Jaime Álvarez, viajaron a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y mantuvieron diversas reuniones, una de ellas (el miércoles) con el titular de la cartera nacional de Energía, Juan José Aranguren, consiguiendo que se convocara a una reunión entre la UTE y el gobierno central que continuará la semana próxima.
Los detalles de ese encuentro fueron suministrados a la gobernadora en la reunión del viernes que se celebró en su despacho, aunque en ese marco no se habrían tratado las quejas que por separado hizo a la UTE la Federación Económica de Santa Cruz, por las demoras en el pago a proveedores.
Por otro lado, el gobierno provincial igualmente motorizó acciones a través de la Secretaría de Trabajo que encabeza el ex intendente de Las Heras, Teodoro Camino.
El organismo se ocupó de dictar la conciliación obligatoria que puso en suspenso los despidos, aunque en la práctica hasta ayer no había constancia de que la UTE hubiera acatado esa resolución. De todos modos, las partes en conflicto ya fueron citadas a una audiencia que se celebrará el próximo miércoles.
En concreto, el gobierno santacruceño debe esperar ahora que este espinoso caso laboral se destrabe en la reunión que coordinará el gobierno nacional (sin fecha fija), de acuerdo al compromiso asumido por Aranguren, o bien en la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo de la provincia.