En el cierre del primer juicio impulsado por el gobernador Gerardo Morales contra la dirigente social Milagro Sala, la policía impidió violentamente el ingreso de un grupo de diputados y dirigentes que habían presentado un pedido para presenciar la audiencia.
Entre los agredidos por la policía jujeña estuvieron la diputada nacional del Frente para la Victoria Mayra Mendoza, el legislador porteño Carlos Tomada, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y el metrodelegado Néstor Segovia, entre otros. Los dirigentes denunciaron que fue detenido Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham.
Senadores y diputados del Frente para la Victoria (FpV) manifestaron su repudio a la represión que sufrieron legisladores nacionales en Jujuy cuando intentaban ingresar a la audiencia pública para escuchar la sentencia en el juicio que afrontó Milagro Sala por el escrache a Gerardo Morales.
En tanto, el bloque de diputados nacionales por el FPV-PJ repudió enérgicamente la represión. "La policía de Jujuy golpeó salvaje y cobardemente a la diputada nacional Mayra Mendoza, quien junto a otros compañeros viajó a la provincia que gobierna Gerardo Morales, y detuvo a Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham", expresaron en un comunicado.
Anoche se esperaba, al cierre de esta edición, la sentencia en la causa por un escrache a Morales en 2009, cuando era senador. A pesar de que está demostrado que la líder de la Tupac Amaru no estuvo presente cuando el ahora gobernador fue atacado a huevazos, el Tribunal la considera la organizadora del escrache y la juzga bajo la figura de amenazas coactivas.
El jueves pasado Sala declaró por esa causa y afirmó que es "víctima de una persecución política". Ratificó que no participó de esa manifestación contra el ahora gobernador y que tampoco fue quien la organizó: "Si la hubiera organizado habría estado al frente", aseguró.
Por otro lado, anoche se supo que la sala II de la Cámara Federal de Casación con los votos de los jueces Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Sala en un proceso donde se denuncia la privación ilegal de libertad a la que es sometida la diputada del Parlasur.
La Cámara Federal sostuvo en su fallo el hecho de que Sala cuente con fueros parlamentarios podría tener una posible implicancia internacional para el Gobierno argentino.
En el fallo, los jueces consideraron que: "...habiéndose invocado la 'Decisión 31/2016 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas' (...) y ante el posible riesgo de colocar al Estado en situación de responder a nivel internacional, corresponde habilitar la vía intentada".
Cuando se trata de tratados internacionales, la Corte Suprema es la única instancia con competencia para revisar la cuestión.