Tal como adelantó El Patagónico, el Ejecutivo remitió ayer al Concejo Deliberante el proyecto de ley por el que se impulsa declarar de necesidad pública a los terrenos donde se asentarán los 6 reservorios de agua comprendidos dentro de las obras hídricas que desarrollaría de una vez Nación luego del temporal que cayó sobre la ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril del año pasado.
La definición legal alcanza, sobre todo, a los cuatro terrenos que son de propiedad privada y en los que, a partir de la ordenanza que se aprobará hoy, sus dueños no podrán desarrollar ni actividades ni hacer construcción alguna. A cambio, se supone que recibirán un pago por servidumbre, similar al que reciben los campos afectados por la actividad petrolera.
Si bien hasta ayer no se dio a conocer la ubicación de esos lotes, tanto funcionarios como el Ejecutivo señalaron a este diario que sus propietarios no tienen ni proyectan realizar actividad alguna en sus terrenos, ya que están en zona absolutamente rural y marginal.
LA AMPLIACION
Además del proyecto relativo a los reservorios, los concejales recibieron ayer un pedido de la secretaría de Hacienda para que se amplié el presupuesto actual en 130 millones de pesos, que son necesarios para el pago de sueldos y aguinaldos de acá a fin de año, explicó el titular del área, Germán Issa Pfister.
El secretario de Hacienda también entregó a los concejales una propuesta para establecer una nueva moratoria con la que se espera mejorar la recaudación que, pese a la crisis, se mantuvo o incluso en algunos rubros se mejoró por el valor del dólar, pero en otros declinó.
Finalmente, dentro de la seguidilla de reuniones que ayer tuvieron los concejales se destacó la que por la mañana mantuvieron con los representantes de la Mesa de Unidad Sindical, que solicitó el acompañamiento en el rechazo a la resolución 172 del ministerio de Gobierno que conduce Federico Massoni.
Esta resolución no es otra cosa que la adhesión al Protocolo de Seguridad o Antidisturbios que puso en marcha la ministra (Patricia) Bullrich, con el que básicamente se busca criminalizar la lucha y protesta social. Es injustificable que en democracia se imponga esta legislación y persecución. Queremos que Massoni dé marcha atrás y que los concejales nos acompañen en este pedido, señaló Gladys Díaz, de la CTA.