El esquema de retenciones cero lanzado por el Gobierno nacional con la promesa de extenderse hasta el 31 de octubre quedó sin efecto en apenas tres días. El tope de US$ 7.000 millones en Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) se alcanzó rápidamente gracias al registro masivo de las principales compañías agroexportadoras, que anotaron alrededor de 14 millones de toneladas.

La medida, que buscaba potenciar las exportaciones y generar divisas, reactivó las alícuotas vigentes desde este viernes. Para el sector productivo, el beneficio quedó concentrado en manos de un puñado de cerealeras –entre ellas Bunge, Dreyfus, Cofco y Cargill– que registraron operaciones con granos que aún no habían comprado a los productores, quienes ahora deberán afrontar retenciones de hasta 26% en el caso de la soja.

El analista agropecuario Pablo Adreani sostuvo que el cierre anticipado del esquema respondió a la presión de Estados Unidos. Según explicó, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, actuó tras los reclamos de la American Soybean Association, que expresó malestar por la quita de retenciones a la soja argentina, considerada una competencia desleal frente al comercio con China.

“El 95% de los productores se quedó afuera del beneficio. Los pocos que lograron vender lo hicieron con un diferencial de hasta 60 dólares por tonelada”, señaló Adreani en declaraciones a La Voz.

La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, cuestionó que el campo vuelva a ser la fuente de recursos fiscales: “Hay enojo y hartazgo. Se baja y se sube la presión impositiva según la necesidad de dólares del Gobierno”.

En la misma línea, el exsecretario de Agricultura Néstor Roulet denunció falta de transparencia: “Todo fue muy desprolijo y parece que estuvo arreglado entre el Gobierno y las exportadoras. Ellas tuvieron un costo financiero por ingresar los dólares, pero se quedan con una diferencia de hasta US$ 1.500 millones”.

Por su parte, Pablo Ginestet, secretario de Carbap, calificó la medida como “una decisión desesperada y mal pensada” que terminó beneficiando a pocas empresas. “Además, afecta la credibilidad del presidente Javier Milei, que insiste en prometer la eliminación de las retenciones. Necesitamos previsibilidad y no altibajos”, reclamó.

Desde el oficialismo, el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, defendió el esquema: “Las cerealeras no tienen suficiente stock y deberán salir a comprarle al productor, lo que generará un diferencial de precio”. Y agregó: “Nosotros siempre dijimos que íbamos a sacarle la pata de la cabeza a la producción y potenciar la exportación. Esta es una medida más en ese sentido”.

El cierre anticipado del régimen genera un costo fiscal superior a los US$ 1.000 millones y deja a la vista la puja entre Gobierno, productores y exportadoras en un escenario donde la búsqueda de divisas choca con la demanda de previsibilidad del sector agropecuario.

Con información de Perfil