Ayer a la mañana hubo un encuentro entre docentes y padres del Instituto María Auxiliadora (IMA) de Comodoro Rivadavia para abordar la situación económica ante la falta de pago de subsidios del Gobierno provincial a la entidad, lo que se traslada al incumplimiento con los haberes del personal.
En idéntica situación se hallan en esta ciudad los colegios Dean Funes y Domingo Savio, así como las escuelas salesianas fundadas por el padre Juan Corti.
Según indicó Daniela López, representante legal del IMA, el objetivo de la convocatoria fue “dar una información directa a toda la comunidad educativa”, en función de que “no hemos recibido la transferencia por parte del Estado de los haberes de la planta orgánica funcional de los meses de diciembre y enero”, y agregó que “al ser parte de la educación pública de gestión privada, recibimos transferencias mensuales para cubrir el pago total de nuestros docentes”.
La cifra -explicó a La Petrolera- oscila los cinco millones de pesos.
“Por otro lado, recibimos los pagos de las cuotas -de los alumnos- de 3.900 pesos hasta diciembre de 2019” y “nosotros tenemos esos fondos de reserva para hacer frente al resto de personal, mantenimiento edilicio e impuestos”.
Luego acotó que “debimos hacer frente con todos nuestros fondos al pago de un mes y medio. El mes anterior pudimos solventar el pago de todos los haberes y los gastos, pero este mes no fue posible y solo se pudo realizar el pago de un adelanto de los haberes”.
Mientras aguarda una solución, los representantes sindicales de este sector docente ya anticiparon que no comenzarán las clases la próxima semana. “Ayer confeccionamos diversas peticiones para los ministerios para tratar de llegar a una solución”, indicó la abogada.
Por otra parte, el Ministerio de Educación informó ayer que en las próximas 48 horas transferirá $65 millones a las escuelas de gestión privada en concepto del subsidio que reciben para afrontar el pago de los salarios de su cuerpo docente. Además, el ministro Andrés Meiszner dijo que comenzarán auditorías en cada establecimiento para establecer si lo que el Estado aporta efectivamente se utiliza en el destino previsto.
“Nosotros lo que necesitamos es recibir las transferencias que nos corresponden como institución pública de gestión privada; no somos privados o semiprivados; somos parte de la educación pública” aclaró López.
Por eso, sostuvo: “necesitamos el cumplimiento en tiempo y forma de las trasferencias que son montos aprobados”.
