En el inicio de la audiencia, el juez Roberto Casal explicó que entendía que estaban ante un caso de conflicto familiar impregnado por cierta violencia agravada y preguntó si existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para solucionar el mismo.
En este sentido, el defensor oficial, Tomás Malerba, explicó que su defendido estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, que incluía cuestiones económicas dentro de sus posibilidades.
Luego de una consulta realizada por el fiscal Raúl Coronel, la víctima expresó que no quería realizar ningún acuerdo en función de que todavía sentía miedo por lo sucedido.
En la continuidad de la audiencia, el representante de Fiscalía solicitó ampliar el plazo de investigación y mantener la prisión preventiva, en función de que todavía restaba validar el relato de la víctima y finalizar exámenes periciales.
Asimismo, el fiscal entendía que todavía persistían razones para sostener la prisión preventiva, vinculadas con el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, la defensa pública explicó que las medidas que restaban no impedían que el imputado pudiera recuperar su libertad, proponiendo la posibilidad de la detención domiciliaria con concurrencia al lugar de trabajo.
Finalmente, el juez resolvió que el joven recuperara su libertad, estableciendo la prohibición de contacto con la víctima, la presentación obligatoria cada 15 días en el servicio social de los tribunales, prohibición de consumir bebidas alcohólicas, concurrencia al trabajo y un plazo de dos meses de investigación.
- 29 enero 2008