SCPL: los ítems eléctricos de la factura subirían un 58%
Ese sería el monto global de aumento para el rubro eléctrico de la factura que mensualmente emite la cooperativa a los usuarios. Tiene relación directa tanto con la suba autorizada por el Ministerio de Energía de la Nación a las distribuidoras mayoristas, como en las paritarias de Luz y Fuerza correspondientes a 2016. La pretensión de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada era un porcentaje mayor, aunque el Ente de Control de Servicios Públicos emitió un dictamen aconsejando otros montos.
Todos los servicios que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada pasarán por audiencia pública el 23 de marzo, en función del nuevo procedimiento que el Concejo Deliberante aprobó en la sesión del martes para abordar las cuestiones tarifarias cuando estas se asocian a componentes cuya fijación dependen de esferas superiores al municipio. Este es el caso del valor de la energía, regulado a nivel nacional; del precio del agua en block, que regula Provincia; y del costo salarial, de gran incidencia en el precio de los servicios, y que se asocia directamente a las negociaciones paritarias.
En ese marco, El Ente de Control de los Servicios Públicos, próximo a cumplir su primer año de ejercicio, tiene la misión clave de desnudar el esquema de costos real de la prestadora, algo que no ha podido implementarse en todas las décadas que suma en la concesión del servicio.
Este organismo ya efectuó una primera aproximación y emitió un dictamen sobre la nueva tarifa eléctrica pedida por la SCPL, y aunque la determinación es varios puntos es menor a lo pretendido por la prestadora, sigue teniendo un gran impacto para el contribuyente. El ítem eléctrico de la factura mensual aumentaría al menos un 58% una vez que se autorice la nueva tarifa, algo que sucederá no más allá de abril.
La solicitud de nueva tarifa eléctrica tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante durante la primera sesión del periodo, aunque había sido presentada al Poder Ejecutivo algunas semanas antes, y bajo dos fundamentos: la suba de un 100% aproximado en el precio que pagan por la compra de energía -un porcentaje que varía en realidad en relación al tipo de usuario y de energía- y los acuerdos paritarios del gremio de Luz y Fuerza correspondientes a 2016, que no tuvieron correlato en la tarifa dado que el último aumento fue en marzo de ese año.
La tarifa solicitada también incluía cuestiones como la inflación, y la previsión de parte de la paritaria del año en curso. Así, la SCPL quería aumentar un 100% el cargo fijo de energía puesto al cobro, un 50% el cargo variable (el que se asocia al consumo del frentista) y un 80% al rubro de alumbrado público, según los valores que informó Luis Ferrero, titular del Ente de Control de Servicios Públicos).
Sobre ese punto de partida y con la revisión del esquema de costos, el dictamen del Ente, bajó varios puntos la incidencia, aunque el impacto sigue siendo duro. Los valores de alza admitidos son de un 75% sobre los costos fijos, 35% sobre el variable y un 50% para el alumbrado público. La conjugación de esas subas en un porcentaje global para el rubro de servicios eléctricos es de un 58%.
AGUA Y CLOACAS TAMBIEN
Hay que recordar que también quedó en suspenso el aumento pretendido para los servicios de agua y cloacas, y que ronda un 60% global, para el que se había sugerido un escalonamiento en tres etapas a lo largo del año. Así, el primer aumento sería del orden del 25%, para completarse luego con un 20% y un 15% final.
Mientras la audiencia pública convocada para el 23 de marzo es de carácter no vinculante, será la primera vez que la SCPL atraviese esa instancia concreta. Y más allá de fundamentar sus costos deberá exponer sus planes de inversión para la optimización de los alicaídos servicios, ahora que la caída del congelamiento tarifario les otorgó un año de tarifa plena para comenzar a reacomodar su esquema de prestación.
En ese marco, El Ente de Control de los Servicios Públicos, próximo a cumplir su primer año de ejercicio, tiene la misión clave de desnudar el esquema de costos real de la prestadora, algo que no ha podido implementarse en todas las décadas que suma en la concesión del servicio.
Este organismo ya efectuó una primera aproximación y emitió un dictamen sobre la nueva tarifa eléctrica pedida por la SCPL, y aunque la determinación es varios puntos es menor a lo pretendido por la prestadora, sigue teniendo un gran impacto para el contribuyente. El ítem eléctrico de la factura mensual aumentaría al menos un 58% una vez que se autorice la nueva tarifa, algo que sucederá no más allá de abril.
La solicitud de nueva tarifa eléctrica tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante durante la primera sesión del periodo, aunque había sido presentada al Poder Ejecutivo algunas semanas antes, y bajo dos fundamentos: la suba de un 100% aproximado en el precio que pagan por la compra de energía -un porcentaje que varía en realidad en relación al tipo de usuario y de energía- y los acuerdos paritarios del gremio de Luz y Fuerza correspondientes a 2016, que no tuvieron correlato en la tarifa dado que el último aumento fue en marzo de ese año.
La tarifa solicitada también incluía cuestiones como la inflación, y la previsión de parte de la paritaria del año en curso. Así, la SCPL quería aumentar un 100% el cargo fijo de energía puesto al cobro, un 50% el cargo variable (el que se asocia al consumo del frentista) y un 80% al rubro de alumbrado público, según los valores que informó Luis Ferrero, titular del Ente de Control de Servicios Públicos).
Sobre ese punto de partida y con la revisión del esquema de costos, el dictamen del Ente, bajó varios puntos la incidencia, aunque el impacto sigue siendo duro. Los valores de alza admitidos son de un 75% sobre los costos fijos, 35% sobre el variable y un 50% para el alumbrado público. La conjugación de esas subas en un porcentaje global para el rubro de servicios eléctricos es de un 58%.
AGUA Y CLOACAS TAMBIEN
Hay que recordar que también quedó en suspenso el aumento pretendido para los servicios de agua y cloacas, y que ronda un 60% global, para el que se había sugerido un escalonamiento en tres etapas a lo largo del año. Así, el primer aumento sería del orden del 25%, para completarse luego con un 20% y un 15% final.
Mientras la audiencia pública convocada para el 23 de marzo es de carácter no vinculante, será la primera vez que la SCPL atraviese esa instancia concreta. Y más allá de fundamentar sus costos deberá exponer sus planes de inversión para la optimización de los alicaídos servicios, ahora que la caída del congelamiento tarifario les otorgó un año de tarifa plena para comenzar a reacomodar su esquema de prestación.
