El veterano gremialista de más de 30 años de trayectoria, Julián, dice que el jefe comunal, Pablo, ya no le atiende las llamadas telefónicas, no le responde notas, ni lo recibe personalmente.

Quiere que le dé explicaciones de por qué no se respetaron acuerdos firmados con la anterior gestión, lo que motivó que se dieran de baja a numerosos contratados, se quitaran categorías acordadas y consecuentemente se redujeran salarios, entre otras demandas.

Julián Carrizo, referente justicialista de Todos por la Patria, venía de estar en línea con el ex jefe comunal Fernando Cotillo y la ex gobernadora Alicia Kirchner, pero además él finalizó en diciembre un mandato como diputado provincial.

Por su parte, Pablo Carrizo responde al nuevo gobierno provincial que lidera Claudio Vidal y ambos surgieron del gremio petrolero y de la agrupación política SER.

Mientras tanto, en el seno del SOEMCO se incrementaron las diferencias y muchos delegados e incluso miembros de comisión directiva se fueron distanciando del principal conductor, argumentando entre otras cosas que desde hace varios años no llama a asambleas generales de afiliados y los logros en incremento de sueldos no son tan suculentos como para afrontar el creciente costo de vida.

Incluso, la reciente aprobación de la Emergencia Económica Municipal por parte del Concejo Deliberante le dio herramientas al intendente para reducir gastos, entre los que se incluye lo atinente a un sobrecargado plantel de obreros y empleados.

SUTIL ESTRATEGIA

Para colmo, este martes se registró una sutil estrategia por parte del intendente ya que convocó a las 11 a un grupo de delegados, subdelegados y dirigentes gremiales municipales a su despacho para tratar temas laborales, justamente a la misma hora en que el secretario general del SOEMCO había convocado a otra reunión similar en la sede sindical.

Esto hizo que se dividieran los grupos y Julián solo pudo reunir a una veintena de personas (foto), prácticamente el mismo número que acudió a entrevistarse con Pablo.

El gremialista dijo que no se amilanará porque hay entre 600 y 700 trabajadores de planta que se vieron afectados por la Emergencia Económica Municipal, a la que comparó con la Ley Ómnibus de Milei, lo que hace que el municipio se esté quedando con unos 150 millones de pesos mensuales.

“Muchos compañeros y compañeras, sobre todo contratados, quedaron en pampa y la vía” expresó, añadiendo que ahora desconfía de la palabra que en su momento le dio el intendente cuando le dijo que “esto lo arreglamos entre nosotros”.

En otro orden, admitió que tenía conocimiento de que algunos delegados y miembros de comisión directiva habían acudido a la reunión en el edificio municipal, por lo cual calificó esa postura como “una práctica desleal”, cuestionando además la actitud del intendente por haberlos convocado.