El tribunal de revisión hizo lugar al planteo de la Fiscalía y dejó sin efecto la resolución que beneficiaba a un sujeto de apellido Lebien.
Este miércoles al mediodía se llevó a cabo una audiencia de revisión, a pedido del Ministerio Público Fiscal, en la que se analizó la resolución de reparación otorgada a uno de los coimputados, Lebien, por la jueza Lilian Bórquez el pasado 17 de abril.
Durante la audiencia, la representante de la Fiscalía solicitó la revocación de dicha resolución y que la causa continúe su curso. Argumentó que el acuerdo de reparación no había sido cumplido, lo que desnaturaliza el criterio de oportunidad y deja sin respuesta a la víctima. Además, sostuvo que el incumplimiento genera un perjuicio irreparable y contradice criterios adoptados en casos similares por otros jueces de la ciudad, donde se dispuso la continuidad de la acción penal ante situaciones análogas.
La causa se inició en diciembre de 2025, en el marco de un control de detención, cuando se imputó a Lebien y a Miranda como coautores del delito de robo agravado de un vehículo dejado en la vía pública, en grado de tentativa. Posteriormente, en una audiencia de incidentes, ambos imputados acordaron abonar una suma de dinero en concepto de reparación del daño al damnificado, acuerdo que fue homologado por la jueza y aceptado por la víctima.
Sin embargo, Lebien solicitó una prórroga y finalmente no cumplió con el pago comprometido. Ante esta situación, la Fiscalía pidió la revocación del acuerdo conciliatorio. En su momento, la jueza Bórquez rechazó ese planteo al considerar que el reclamo podía canalizarse por la vía civil.
Por su parte, el defensor del imputado, si bien manifestó su opinión personal, no formuló oposición al pedido de la Fiscalía.
Finalmente, el tribunal de revisión hizo lugar al planteo fiscal y resolvió revocar la resolución de reparación por el incumplimiento injustificado de las obligaciones asumidas, ordenando la continuidad del trámite de la causa penal.
El tribunal estuvo integrado por los jueces penales Mariano Nicosia y Daniela Arcuri. En representación del Ministerio Público Fiscal intervino la procuradora Ailén Picollo, mientras que la defensa fue ejercida por Juan Bill, de la Defensa Pública.
