Buenos Aires (Télam)
El capitán retirado Enrique Berthier y la pareja integrada por María Cristina Gómez Pinto y Osvaldo Rivas son juzgados desde el 19 de febrero por el Tribunal Oral Federal 5 por los delitos de sustracción, retención, apropiación de menor y falsificación de documento público en tres oportunidades.
La expectativa por la sentencia se vio reflejada esta semana por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes en la voz de su presidente Estela de Carlotto, pidió “la máxima condena” contra los imputados, prevista en 25 años de prisión por el Código Penal, tal como lo solicitaran la fiscalía y la querella.
María Eugenia Sampallo Barragán se constituyó en la primera hija de desaparecidos y nieta recuperada, que una vez conocida su identidad en 2001, querelló a quien la entregó y a quienes la criaron y anotaron como hija propia.
Para ello usaron un certificado de nacimiento falso firmado por el médico militar fallecido Julio César Cáceres Monié y entregado a la pareja junto a la beba por el entonces teniente primero Berthier, afectado en el Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.
Según los estudios genéticos, María Eugenia es hija de Mirta Barragán y Leonardo Sampallo, ambos secuestrados en diciembre de 1977 y vistos en los centros clandestinos de detención Club Atlético y El Banco, cuando la mujer estaba embarazada de seis meses.
“Hace apenas una semana se cumplieron 30 años del nacimiento de María Eugenia Barragán y desde hace 30 años María Eugenia desconoce el día, la hora y el lugar donde nació”, señaló el alegato de la querella.
Agregó: “Esta información es vital para cualquier persona. Para ella siempre será una verdad arrebatada que no ha podido conocer porque en este juicio, quienes la conocen, no han querido expresarla”.
Durante el proceso judicial, María Eugenia relató los malos tratos a los que fue sometida por sus apropiadores durante años y que se acrecentaban cada vez que ella inquiría sobre su origen.

Cavallo negó los cargos
Buenos Aires (Télam)
El extraditado represor Ricardo Cavallo “negó los cargos” por los que el juez federal Sergio Torres le tomó ayer ampliación de declaración indagatoria en la causa en la que está imputado por gravísimas violaciones a los derechos humanos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), aunque rehusó responder preguntas.
A los efectos de ser indagado, Cavallo (alias “Sérpico”) fue conducido a los tribunales de Comodoro Py 2002, de esta Capital, con un importante operativo de seguridad desde la cárcel de Marcos Paz, donde está alojado desde que arribó al país, el lunes, extraditado por el Reino de España.