La causa por "prostitución y trata de blancas" salió a la luz en enero de 2006, pero la investigación previa demandó casi todo el año 2005. El tema llegó a oídos del Ministerio Público Fiscal a raíz de la información que suministró el ex vicario de la Catedral de Comodoro Rivadavia, Marcelo Nieva, quien transmitió las penurias confesadas por dos mujeres menores de edad oriundas de Salta, las que habrían logrado fugarse del lugar en el que permanecían en un estado de esclavitud sexual.

A partir de ese dato se inició una investigación de oficio que llevó a cabo el ex jefe de fiscales, Carlos Moreno (hoy jubilado), quien en su tarea advirtió la existencia de una red que iba más allá de los empresarios de la noche, dado que se extendía a funcionarios municipales, empleados de la repartición y hasta altos mandos de la policía que terminaron imputados con distintos cargos. Luego de reunir los elementos que se estimaron convenientes, en enero de 2006 se multiplicaron los allanamientos, se llevaron a cabo detenciones y el caso tomó estado público.

La causa, que terminó juntando 13 cuerpos de volumen, finalmente tuvo su requisitoria de elevación a juicio a principios de 2007 y entre julio y agosto de 2008 se llegó a concretar la audiencia preliminar para determinar si llegaría a juicio en los meses siguientes.

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El juez Daniel Luis María Pintos fue quien intervino en aquella audiencia de instrucción suplementaria -como se la denominaba en el sistema procesal penal anterior a lo que ahora se conoce como audiencia preliminar- y fue quien dispuso que sea llevado a juicio solamente el empresario y dueño de clubes nocturnos, Alberto Suárez, rechazándose la suspensión de juicio a prueba que propuso su defensa, como así también el pedido de nulidad de los allanamientos realizados en sus locales nocturnos y la extensión del secreto de sumario.

A él se lo procesó por "facilitación de la prostitución de una persona menor de 18 años en concurso real con facilitación de la prostitución de mayores de 18 años mediante el uso de intimidación, engaño y abuso de poder en concurso real con cohecho activo". El resto de los imputados resultaron sobreseídos por dos cuestiones: la nulidad de la segunda intervención telefónica que fue ordenada y los defectos advertidos en el requerimiento de elevación a juicio, lo que benefició -por ejemplo- a quien luego sería jefe de la Policía del Chubut, Luis Alberto Butazzi, y al inspector municipal José Luis Quintero.

En tanto, la segunda intervención telefónica fue anulada por la falta de fundamentos que se encontró en la orden que prorrogó la primera de las intervenciones. Así se cayó la prueba obtenida con el seguimiento y filmaciones realizadas, lo que terminó beneficiando al empresario Segundo Eulogio Ferreira -también vinculado con clubes nocturnos-, al ex subsecretario municipal de Gobierno durante la gestión de Raúl Simoncini, Carlos Alberto Marsó; al policía y ex asesor municipal Norman Saunders; y a los inspectores Jorge Hernán Pereira y Juan Félix Monsalvez. De todas maneras se admitió la primera intervención telefónica que se le realizó a Suárez, a partir de lo cual se obtuvo una cadena de pruebas suficientes para ser llevado a juicio.

A todo esto la Fiscalía, tras una serie de recursos extraordinarios, logró regresar al proceso a Quintero, quien en otra de las vueltas de la Justicia, más tarde resultó sobreseído por el vencimiento del plazo razonable, algo que fue llevado a Casación por los acusadores públicos y ahora la Sala Penal de Superior Tribunal de Justicia, con el voto negativo de Alejandro Panizzi y afirmativos de Daniel Rebagliati Russell y Jorge Pfleger, revocó aquel sobreseimiento y habilitó la continuidad de la causa a la que, a esta altura de la circunstancias, de mega ya no le queda nada. El dato anecdótico es que a partir de esta reactivación, la situación de Suárez -que estaba en pausa- se actualiza y también la producción de prueba, como lo es la pericia que debe realizar Gendarmería en Buenos Aires para cotejar las voces de los procesados con las grabadas en los viejos cassettes que obran en la causa.