En el marco de la revisión de la prisión preventiva que solicitó el defensor particular de Esteban Soto, imputado como organizador de una banda dedicada al robo de viviendas particulares, el juez natural hizo lugar a la oposición fiscal y confirmó la medida de coerción hasta su vencimiento, que opera el 7 de febrero.

La audiencia de se llevó a cabo en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia a instancias del abogado particular Sergio Romero, quien asiste a Esteban Soto. El acto fue presidido por el juez natural de la causa, Jorge Odorisio, mientras que el Ministerio Público Fiscal fue representado por la fiscal general, Camila Banfi.

En un primer momento el defensor recordó que el 7 de diciembre fue tratada la presentación del informe social por parte de la defensa con el objeto de acreditar el arraigo, la situación de convivencia de Soto y solicitar la morigeración de la prisión preventiva. La garantía que se ofreció para el cumplimiento del arresto domiciliario fue la responsabilidad del padre y la madre del imputado.

En ese contexto, el abogado sostuvo que su asistido se encuentra detenido desde el 9 de agosto y que otros coimputados en la causa comenzaron con prisión preventiva y a medida que transcurrió el proceso obtuvieron medidas morigeradas a esta. Por todo esto solicitó su arresto domiciliario.

En contraposición, la fiscal se opuso a la morigeración de la prisión preventiva solicitada ya que de acuerdo a lo presentado en el informe social, no existen elementos nuevos para hacer cesar la medida de coerción. Es más –dijo Banfi- el peligro de fuga y entorpecimiento se mantienen vigentes.

La acusadora pública sostuvo que el rol de Soto en la investigación es el de presunto organizador de una banda dedicada a cometer asaltos domiciliarios y reiteró que no están dados los requisitos objetivos y subjetivos para la morigeración que pretende la defensa porque ambos padres, ofrecidos como garantes, trabajan en distintos horarios.

Agregó la fiscal que se investiga una multiplicidad de hechos de robo y todos graves en el legajo y posiblemente haya más aperturas de investigación en su contra.

En virtud de esos argumentos Banfi pidió que se mantenga la prisión preventiva de Soto y se rechace su morigeración, en razón de que la misma no es desproporcionada a la pena en expectativa y solicitó que la misma sea hasta el 7 de febrero del año que viene, fecha en la que opera el vencimiento.