El actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Claudio Jurdana, participó en 2006 de la mesa de discusión que consagró tales obligaciones. Lo hizo como gerente de la SCPL y a efectos de defender la posición de una economía social, aunque consultado sobre cuál fue su posición en esa mesa el funcionario fue esquivo en lo que al punto cuestionable respecta y derivó la responsabilidad a la Secretaría provincial de Trabajo.
Es que que al ser un convenio colectivo planteado por ley, resulta imposible retrotraer los derechos adquiridos implícitos en el mismo, de modo que la consulta concreta fue por qué, más allá de alguna situación coyuntural, se asintió que se condene a las cooperativas a pagar -por siempre- el 11% del global salarial a las arcas sindicales.
La respuesta de Jurdana no se hizo esperar: “tendrías que haber visto cuál era el escenario de sostener el convenio anterior, el originario, bajo un esquema de un decreto nacional que mandaba llevar todos los no remunerativos al salario básico. Sin dudas este convenio fue superador respecto del anterior”.
NO SABE, NO CONTESTA
Aunque con insistencia se consultó al ex gerente de la SCPL cuál había sido su posición en esa negociación y puntualmente respecto al 11% inexistente como obligación legal hasta que lo consagró el convenio que él mismo negoció, Jurdana no brindó una respuesta concreta y en cada una de las repreguntas derivó el tema hacia los “beneficios” que el convenio implica para los trabajadores de las cooperativas.
Respecto del pago obligatorio de ese porcentual -que como se indicó ayer con una incidencia inédita en el país multiplica por 4 el aporte patronal “voluntario” que logró Camioneros, y por 5 el de petroleros-, y a pesar de que las cooperativas no tenían ninguna obligación legal a hacerlo, el actual funcionario municipal se limitó a decir que “cada porcentaje tenía un destino”.
Jurdana dijo que para hacer una correcta lectura de la situación hay que retrotraerse a esa fecha, hace ocho años, cuando “no había herramientas en defensa de las economías sociales. Ese sector ni siquiera está reconocido a nivel nacional y el convenio se negoció en ese contexto y fue superador respecto de lo que hubiera pasado con el anterior”.
Hay que aclarar que mas allá de que el entonces referente y defensor de los intereses de la SCPL participó de la mesa de negociación como contraparte, y a pesar de haber dicho él mismo que no había herramientas para esa defensa, la mesa en la que se convino el documento le otorgó justamente -junto con los referentes de otras cooperativas- ese rol, aunque según Jurdana “fue muy difícil negociar” en esa mesa.
“Ese convenio salió por ley. Las cooperativas no tuvieron incidencia directa. Se sentaron y pudieron discutir, pero era muy difícil hacerlo. Nosotros no estábamos de acuerdo incluso que el sindicato tuviera prioridad encima de los demás, pero era muy difícil negociar y el problema es que este convenio colectivo en particular tuvo rango de ley provincial”, dijo Jurdana.
Finalmente, al preguntársele si considera aceptable el instrumento, indicó que “no se puede discutir qué era aceptable y qué no; se pueden discutir determinadas cuestiones que tienen que ver con ventajas laborales o no. Hay cuestiones que se discutieron muy fuerte en ese momento y que continúan hoy. El sector cooperativo no estaba de acuerdo con que eso se impulse, pero mas allá de esto hubo intervención de la Secretaría de Trabajo y esto derivó en que salió por ley” planteó, derivando así la responsabilidad en el entonces titular de la cartera laboral, Jerónimo García, hoy diputado provincial por el “dasnevismo”.