Senadores chilenos piden que las clínicas privadas cumplan con la Ley de Aborto

Senadores del Partido Socialista de Chile pidieron ayer a la Contraloría General de la República que las instituciones de salud privadas que reciben subvención pública no puedan apelar a la objeción de conciencia para negarse a realizar abortos en los casos previstos por la ley.

Pese a que inicialmente la ley 21.030, que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, contemplaba que las instituciones médicas no podían negarse a realizarlo, el gobierno de Sebastián Piñera dictó un decreto que eliminó la alusión a los establecimientos privados que reciben fondos públicos.

Así, varios centros de salud aprovecharon esta medida para negarse a realizar las intervenciones, entre ellas la Pontificia Universidad Católica, la Clínica Indisa en Santiago y la Clínica Alemana en Osorno.

En su presentación, los senadores acusaron al gobierno de tomar medidas “incorrectas, ilegales y profundamente violentas” que obligan a las mujeres a “recorrer indefinidamente establecimientos de salud en búsqueda del servicio que requieren, incluso en casos de urgencia en que su vida corre peligro”.

El Congreso chileno aprobó en septiembre del año pasado, tras dos años de tramitación, la despenalización del aborto en los casos de violación, riesgo de vida de la madre e inviabilidad del feto.

En los primeros seis meses de vigencia de la ley, se realizaron 111 procedimientos, 50 de ellos por riesgo de vida de la madre, 35 debido a inviabilidad fetal y 26 por casos de violación.

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