No se trata de pragmatismo, que a veces puede ser una virtud y otras tantas, cuando va en contra de las convicciones, un mecanismo de defensa que utilizan los que cambian de idea o de estrategia; no por convencimiento sino por conveniencia. Se trata de sentido común; eso es lo que muchas veces nos está faltando como sociedad y que casi siempre les falta a quienes elegimos como nuestras autoridades o que cumplen un alto rol en nuestra vida comunitaria.
Ejemplos de la falta de sentido común podemos encontrar a diario, pero si no entienden de lo que estamos hablando bien vale hacer un rápido repaso de algunas situaciones que se vivieron, anunciaron o denunciaron en la última semana, donde brilló por su presencia.
No vamos a hacer un repaso cronológico, sino uno rápido, efectivo y seguramente doloroso. Aviso que si se van a amargar dejen de leer y vuelvan al Mundial. La intención no es aburrirlos y mucho menos regodearnos con la miseria, que es lo peor que podemos hacer como sociedad. El que comparta ese criterio que se ajuste los cinturones porque ahí vamos con el repaso.
La ministro de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, denunció públicamente que es víctima de violencia de género porque un sector de la Legislatura, en este caso el dasnevismo pero también con apoyo de la UCR y el de algunos ediles provinciales del FPV, quiere impulsar su juicio político. Claro, la ministro ni por asomo recuerda que faltó a dos interpelaciones, o mejor dicho dos veces a la misma interpelación, cosa que es peor.
Su presencia en la Cámara, recordemos, tenía que ver con Alpesca, que luego de una ley aprobada por la Legislatura fue declarada de utilidad pública. Los votos ya estaban definidos para que esa normativa se aprobase luego de su exposición y no corrían riesgo. ¿Por qué entonces no fue Dufour a la Legislatura, si el proyecto iba a salir pese a que tal vez ella no pudiera responder algunas preguntas? ¿Crisis de angustia?, ¿Temor? ¿O tal vez falta de sentido común?
El juez Mariano Nicosia resuelve liberar a 17 presos por el estado de hacinamiento que se vive en las cárceles o lugares de detención de Comodoro Rivadavia que, efectivamente, deberían estar en condiciones porque tendrían que servir para resocializar y no para destrozar moralmente a la persona que cometió un delito, o incluso perfeccionarla en el crimen y la marginalidad. Sin embargo, si existiera sentido común se entendería que lo peor que puede hacerse es volver a poner en la calle, junto con quienes se comportan en sociedad, a gente realmente peligrosa porque quienes fueron liberados y los que quedan pendientes de esa orden judicial no son punguistas sino asaltantes a mano armada, abusadores sexuales y hasta homicidas. ¿Falta de cárceles adecuadas? ¿Vacíos legales que van en contra de la gente común y silvestre? ¿O nuevamente falta de sentido común?
El Concejo Deliberante aprueba un aumento indirecto de las tarifas de los servicios que presta la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Es cierto que hace varios años que los valores no se retocan, la inflación va ganando la pelea y la entidad tiene que afrontar incrementos salariales importantes. Pero el fondo de sustentabilidad, con el que se quiere disfrazar el aumento, se aprueba sin la discusión ciudadana (la audiencia pública) que establece la Carta Orgánica Municipal, y se hace en una jornada con el agua cortada por 48 horas en la zona sur y sin luz en la zona norte.
El aumento se da sin que, hasta el momento, se conociera un mínimo gesto de reducción voluntaria de los altos sueldos que tienen los directivos de la cooperativa y con los vehículos y máquinas de la entidad colocadas con los empleados en la puerta del Concejo. El aumento se da sin que hasta el momento se haya intentado revertir el convenio leonino que vaya a saber por qué razones la SCPL firmó con los gremios, a los que no solo les entregan los aportes que corresponden por ley, sino otros más importantes, generosos y sin fundamento legal alguno.
En Piedra Buena, Santa Cruz, una pelea -dicen que banal- entre dirigentes de la UOCRA de Neuquén y de Comodoro Rivadavia termina con un sindicalista golpeado y peleando por su vida y otro, el titular de la delegación Comodoro, detenido. En su vehículo se encuentra un arma de grueso calibre, municiones y sobre su persona pesan, todavía, acusaciones de hechos violentos. Uno se pregunta ingenuamente “¿qué hace un sindicalista con un arma?”. No hay respuestas. Aquí hay algo más que falta de sentido común, salvo que le achaquemos esa ausencia a la justicia que no actúa como corresponde.
El gobernador Martín Buzzi realizó el viernes el anuncio más importante de toda la vida de Caleta Córdova, barrio al que se le construirá una nueva red de agua potable, con su respectiva cisterna; se edificarán el nuevo edificio de la vecinal, el Centro de Salud y la comisaría. A esto se agrega la pavimentación de la ruta 1 y 5 millones de dólares, los ganados en el acto resarcitorio por el derrame de 2007 cuyo destino se definirán con el barrio. En el acto, vaya a saber por qué razón, todo termina en un escándalo entre vecinos del barrio y gente ajena al mismo.
No es el primer incidente que algunos de ellos protagonizan y siempre y cuando esto sucede se le echa la culpa a los otros. Cuando no son los docentes son los vecinos del barrio, pero curiosamente los golpes, insultos y redoblantes siempre provienen del mismo lado.
Tal vez tengamos que aceptar que las leyes estén y no se cumplan; que sea lo mismo “un chorro que un buen profesor”. Pero sucede en nuestro caso que esas declinaciones son para los tangos y refranes entreguistas (“si no puedes con ellos, únete", o “miles de moscas no pueden estar equivocadas”o “relájate y goza"). No hacer eso, convertir los “tal vez” en certeza sería realmente suicida y sin sentido común (y comunitario) alguno.
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Por Saúl Gherscovici
- 21 junio 2014