Caleta Olivia (agencia)
Dos autoridades de alto rango arribaron ayer desde Río Gallegos para, indistintamente, tomar contacto directo con la causa que por ahora está en manos de fiscal penal de turno, Carlos Borges, junto con las autoridades de Oficina de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio, de la cual habría surgido la denuncia que luego ventiló la periodista Sara Delgado.
Efectivamente, a hora temprana arribó la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Paula Ludueña Campos, quien mantuvo una extensa reunión en el edificio de la Cámara de Apelaciones con otra funcionaria que también llegó desde Río Gallegos, la ministro de Desarrollo Social Paola Vessvessian, y con la titular de la Oficina de la Niñez que depende de esta comuna, Cecilia Florentín.
Por separado, a media mañana se vio ingresar al director adjunto del Hospital Zonal, Daniel Covas, a un edificio de la calle Hipólito Yrigoyen donde funcionan dos juzgados, el de Familia a cargo de María del Rosario Álvarez, y el Civil, Comercial y de Minería, a cargo de Malena Totino.
Estas dos juezas son las que están bajo sospecha de haber favorecido con resoluciones o disposiciones a una tercera para que de manera acelerada y supuestamente sorteando procedimientos legales, se beneficiara con la adopción de una beba que nació el 22 de febrero en una clínica privada y que luego fue derivada al Hospital Zonal.
La magistrada en cuestión es Angélica Popis Zari, titular del Juzgado del Menor y hermana de la ahora exdirectora del nosocomio público, Patricia Zari, quien a su vez quedó bajo sospecha en el caso de la adopción y por ello el Ministerio de Salud a cargo de Rocío García, dispuso iniciarle un sumario administrativo y separarla preventivamente del cargo.
Por otra parte, no se sabe si el doctor Covas estuvo reunido con algunas de las juezas (Álvarez y Totino), ya que al retirarse de ese lugar junto al abogado Oscar Ríos, asesor legal del hospital, se excusó de formular declaraciones de prensa, indicado solamente que horas más tarde se iba a emitir un comunicado oficial.
DIJERON POCO Y NADA
Como es habitual toda vez que se producen hechos escandalosos que involucran las figuras de jueces o funcionarios de otras áreas y de alto rango, gran parte de los máximos responsables de organismos públicos procuran eludir consultas periodísticas.
Esto fue lo que pasó en las primeras horas de la tarde de ayer con la presidente del TSJ, Paula Ludueña Campos, quien se retiró de manera presurosa de la Cámara de Apelaciones ascendiendo a un auto que la esperaba en el acceso.
Minutos antes había salido la ministra de Desarrollo Social, quien igualmente intentó eludir a la prensa, pero como no tenía vehículo oficial tuvo que caminar unos 200 metros para tomar un taxi y en ese trayecto accedió a regañadientes a responder brevemente algunas preguntas.
Dijo que su presencia era para interiorizarse de todas las instancias legales y administrativas y que personalmente llevaría adelante todos los procedimientos que le competen a su área.
Como hecho significativo, reveló que la beba por la que se generó el escándalo, por disposición de la justicia quedó a resguardo de la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Familia de municipio, pero no dejó en claro si antes había quedado a cargo de la jueza que solicitó su adopción luego de que antes de nacer la madre informara que no deseaba criarla.