Ayer por la mañana, el intendente Raúl Simoncini tuvo en sus manos la resolución que adjudica el transporte público de pasajeros a Patagonia Argentina. Sin embargo, la notificación a los directivos de la empresa se demoró hasta la tarde.
En ese lapso aparecieron los trabajadores de lo que fuera Transportes Comodoro que se movilizaron ante el municipio y el Concejo Deliberante. En uno y otro lugar demandaron garantías de continuidad laboral. Sólo se retiraron cuando les aseguraron que ayer mismo Patagonia tendría asegurada la concesión del servicio.
«El trámite es sencillo: se les manda la nota de adjudicación. A Patagonia solo le resta ajustarse al pliego, que fue donde se fijaron las condiciones y en donde, como había algunas dudas, se les pidió algunas explicaciones que fueron contestadas satisfactoriamente y por eso ahora se les adjudica», explicó el jefe comunal.
La eliminación de la especie de fórmula polinómica que planteaba la transportista fue destacada por el jefe comunal.
«La empresa peleó duramente para incluir un sistema de ajuste automático en función de su desconfianza con el Estado, pero nosotros nunca hemos dado motivos para que sospechen del reconocimiento de mayores costos, siempre y cuando sean razonables», precisó.
QUE MUESTREN LOS NUMEROS
El intendente desafió a la empresa «a que muestren los números a la comunidad. Si se verifica técnicamente, se va a trasladar a una ordenanza y una audiencia pública».
Simoncini dejó en claro, no obstante, que las demandas judiciales de la empresa «es otro tema en donde estoy convencido de que vamos a ganar nosotros. Un juez que piense en la comunidad y que vea el trámite, creo que no le va a dar lugar a la empresa sino al Estado».
Para más fundamentos, el titular de la Corporación Municipal recordó que «en mi administración hemos ganado todos los juicios; por eso creo que tenemos chances e incluso la misma oposición me lo ha dicho».
A pesar de esto, el jefe comunal dejó abierta la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. «Si hay una buena oferta, le vamos a hacer lugar pero sólo si es altamente beneficioso para la comunidad. Esa es la condición fundamental; por eso no cerramos un convenio: yo no lo veía altamente beneficioso para el municipio», aseveró.
En total, la firma exige que se le paguen alrededor de 60 millones de pesos, más que nada por lo que consideran como contratos incumplidos por las sucesivas gestiones que pasaron por la comuna.
El Departamento Ejecutivo lleva adelante además una causa penal por un extraño anexo aparecido en un acuerdo firmado durante la intendencia de José Raúl Pierángeli.