Sin acuerdo entre Gils Carbó y la corte por el pago del impuesto a las ganancias

La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, reiteró ayer su postura favorable a que los jueces y fiscales paguen impuesto a las ganancias.

Además, dijo que si “la Corte establece una posición categórica, es difícil que los juicios progresen”.
La funcionaria reiteró que elevó un oficio a la Corte, como titular del organismo que nuclea a todos los fiscales, para obtener información sobre cómo el Máximo Tribunal está analizando la cuestión.
Recordó que respecto del pago del impuesto a las ganancias “tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público estamos atados a la misma suerte”, ya que existe una ley que exige que tengan la misma “jerarquía” en este aspecto para que haya “un libre traspaso”.
Explicó que presentó un oficio a la Corte porque si “hay reuniones” por este tema “el Ministerio Público quiere participar de las reuniones porque es algo que afecta al Ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, Gils Carbó consideró que si finalmente jueces y fiscales son exceptuados de pagar el tributo, habría que estudiar “el impacto en el bolsillo” que podría causar a muchas personas, “sobre todo empleados que están más atados a perder su rutina cotidiana si se desactiva un impuesto así”.
En este sentido, se mostró partidaria de “estudiar” cómo se dejaría de pagar Ganancias, y opinó que debería ser una medida “gradual”.
Estimó asimismo que la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) seguramente “tendrá una posición que será en defensa de sus agremiados”.
El jueves de la semana pasada, Gils Carbó le envió un oficio a la Corte Suprema de Justicia con una virtual invitación para resolver de qué manera el Poder Judicial comenzará a pagar el Impuesto a las Ganancias. Mediante un escrito de apenas una carilla, propuso una reunión de las instancias intermedias de ambos cuerpos judiciales para “trabajar de forma conjunta en la implementación del pago del Impuesto a las Ganancias”.

LA RESPUESTA
DE LA CORTE
En respuesta a la nota presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Máximo Tribunal sostuvo que los agentes de los Ministerios Públicos de la fiscalía y la defensa no están amparados por la acordada que exime del tributo a los integrantes del Poder Judicial.
“Entendemos que, desde el año 1994, no sólo no existe ningún impedimento para que el Ministerio Público actúe como agente de retención del impuesto a las ganancias, sino que es su obligación hacerlo”, sostiene la nota firmada por la Subdirectora General de Administración de la Corte, Karina Ramos.
El Máximo Tribunal aclaró que una eventual derogación de la acordada que exceptúa a los jueces de la carga tributaria no tiene “impacto sobre los ministerios públicos”. Argumentó que “la cuestión del pago del Impuesto a las Ganancias está regulada en el ámbito del Poder Judicial de la Nación por la referida acordada dictada por esta Corte, que carecía -y carece- de atribuciones para tomar cualquier clase de decisiones sobre la situación salarial o impositiva de los integrantes de otros poderes”.
El máximo tribunal le recordó a la Procuración que analizó el tema del pago de Ganancias “durante todo el año 2012, en sus acuerdos de ministros, y se efectuaron consultas a los tribunales superiores de provincias que adhirieron expresamente a la acordada” que en 1996 declaró inaplicable para jueces y funcionarios judiciales una ley que generalizaba los alcances del impuesto.

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