Sobreprecios: juzgarán a exfuncionarios provinciales y proveedores del Estado

La jueza de garantías Mirta Moreno elevó a juicio oral y público la causa por sobreprecios en la que resultaron acusados exfuncionarios provinciales y proveedores del Estados tras la de la emergencia climática que sufrió Comodoro durante marzo y abril de 2017. Ayer los defensores de Cecilia Sadava y Cristian Orsi pidieron el sobreseimiento, a lo cual se opuso la Fiscalía.

En esta causa de corrupción que investiga a exfuncionarios y proveedores del Estado fueron acusados Marcelo Suárez, Diego Lüthers, Diego Correa, Leticia Huichaqueo, Vanina Varale y Cristian Orsi, todos ellos exfuncionarios provinciales.

Con ellos también fueron acusados los proveedores del Estado Estanislao Finiguerra, Marta Fracaso, Cecilia Sadava, Bruno Bilbao, Guillermo Yanguela y César Hughes.

A poco de empezar la audiencia preliminar, la mitad de los imputados y sus abogados defensores se retiraron de la sala al haber convalidado la acusación, la descripción de los hechos investigados, las imputaciones y no aportar nuevas pruebas para el juicio, además de estar de acuerdo con las pruebas que se debatirán.

La audiencia transcurrió con el resto de los defensores e imputados que aportaron nuevas pruebas o cuestionaron algunas de las dispuestas por los acusadores.

200 POR CIENTO

DE GANANCIA

Para el defensor Jorge Rubeolo, que asiste a la proveedora de agua Cecilia Sadav, la imputada no tuvo intención de estafar al Estado porque contó con el acuerdo del comprador y a su entender solo realizó un negocio comercial, por lo que pidió su sobreseimiento.

Esa postura fue rechazada por los fiscales que destacaron que la ganancia fue del 200 por ciento en favor de la vendedora y que la compra estuvo direccionada. En tanto, agregó que para que la cuestión se resuelva no alcanza con los dichos del defensor, sino que el hecho deberá ser sometido a las pruebas de las partes.

Los querellantes estuvieron de acuerdo con los argumentos de los fiscales. A raíz de su estado de embarazo, la imputada Sadava fue autorizada a abandonar la sala, tal como lo habían pedido por anticipado su abogado defensor.

A su turno, el defensor Omar López rechazó a los testigos Guillermo Figueredo y Luis Raqueblave porque ya fueron peritos en otras causas relacionadas con la de la emergencia climática. Los testigos son peritos informáticos del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETMs) dependiente de la Procuración General.

López sostuvo que “es muy voluminosa la información de ambos peritos y resulta imposible ser analizada, por lo que viola el legítimo derecho a la defensa. Los fiscales nunca dijeron cuáles eran las pruebas. Ya nos pasó en otros juicios donde tampoco fue separada la prueba de cargo y esto afecta a todos los imputados”.

Por su parte, los defensores Emilio Galende y Fabián Gabalachis indicaron que “las pruebas no solo no se pudieron abrir, sino que tampoco se pudieron copiar”.

Los fiscales y querellantes se opusieron y la jueza Moreno resolvió que se disponga de los medios para que esas pericias informáticas se puedan abrir, para luego determinar si las mismas son o no pertinentes.

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