La información fue dada a conocer el lunes a través de un comunicado oficial luego de la reunión que mantuviera el presidente de la empresa provincial Matías Cortijo (quien arribó desde Río Gallegos) y el gerente distrito local, Gustavo Fernández, con el secretario de la cartera de Seguridad, Bruno Gómez; el titular de la Dirección Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, comisario mayor José Britos; y el jefe del Departamento de Unidades Camineras Zona Norte, comisario inspector Maximiliano Moreno (foto)

El reporte gubernamental alude a la necesidad de “fortalecer el control de los recursos públicos y mejorar la prestación de servicios en la zona norte de la provincia”.

Para ello “se acordó intensificar los controles en los distintos predios de la empresa, reforzar la presencia policial en depósitos y establecer acciones específicas para prevenir y sancionar la carga y distribución ilegal de agua”.

Tácitamente SPSE parece atribuir toda la responsabilidad de la persistente escasez de agua potable en esta ciudad a la flota de camiones cisternas particulares que se proveen en cargaderos de la empresa para venderla en toda la comunidad.

Si bien no se le cobra por ello, sus propietarios tienen que pagar una tasa municipal y someter periódicamente sus unidades a controles sanitarios.

Uno de esos cargaderos está ubicado en inmediaciones del Estadio Municipal y restante en un descampado del barrio Bicentenario, tratándose de una improvisada instalación con dos bocas de expendio que fue habilitada durante la pandemia del Covid por el entonces gerente distrital local Juan José Naves.

Un tercero se encuentra en el barrio 3 de Febrero (Ruta 12), pero solo es para vecinos que cargan bidones y tanques de hasta mil litros de manera gratuita.

Lo que llama la atención es que SPSE señale que es “ilegal” la venta particular de agua cuando ello es algo que está autorizado desde hace varios años, pero no hace referencia alguna al deficiente sistema de distribución por red ya que muchos barrios deben soportar muchos días sin el servicio.

Como fuera, durante la citada reunión “se resolvió implementar custodia en los puntos de carga, con el fin de evitar la extracción irregular de agua por parte de camiones y garantizar una distribución equitativa del servicio a los vecinos a través de la red domiciliaria”, aunque El Patagónico pudo constatar que hasta ayer no había ninguna custodia, al menos en el cargadero libre del barrio Bicentenario (foto)

Por otra parte se hizo saber que otro de los abordados fue el avance en infraestructura estratégica. En este sentido “se destacó el proyecto de tendido de red de media tensión para el puesto de control policial de Ramón Santos”.

“Esta obra permitirá reemplazar el sistema actual de generación eléctrica, mejorar las condiciones operativas, optimizar la iluminación del sector y fortalecer el trabajo de los efectivos que prestan servicio en ese punto” añade el informe.