Tamara Bolívar quedó detenida e imputada por tentativa de homicidio
La testigo protegida por el caso Iván Torres, Tamara Bolívar, quedó imputada ayer por el delito de homicidio simple en grado de tentativa y a pedido de la Fiscalía se dictó la prisión preventiva. A raíz de la protección que el Estado Argentino está obligado a brindarle por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se dispuso que la medida de coerción sea cumplida en instalaciones de alguna de las fuerzas de seguridad nacional, como Gendarmería o Prefectura.
La joven fue detenida durante la tarde del viernes tras protagonizar un violento episodio entre familiares que comparten un predio en el barrio San Martín. A Tamara Bolívar, de 26 años, la señala su propio hermano y también el padre de haber sido la autora de las lesiones con arma blanca que recibió Evaristo Navarrete (38) en el cuello. El hombre fue prácticamente degollado y se encuentra internado en gravísimo estado en el Hospital Regional.
La audiencia de control de detención se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por el juez penal Alejandro Soñis. En representación de la parte acusadora actuó el fiscal general, Adrián Cabral, mientras que la detenida recibió la asistencia técnica del abogado adjunto de la Defensa Pública, Ricardo Amado.
En ese contexto el fiscal efectuó un breve relato del hecho enrostrado a Bolívar, solicitando que se declare legal su detención y se formalice la apertura de investigación en su contra por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.
Ello, por el hecho ocurrido el viernes minutos antes de las 16 en un caserío ubicado en inmediaciones de San Martín y Los Claveles.
LA CULPA EL
PADRE Y EL HERMANO
El acusador afirmó que cuenta con testimonios del propio padre y el hermano de la detenida que la sindican como la autora de las lesiones sufridas por la víctima, hecho que por sus características fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa. Además, fue secuestrado el cuchillo utilizado en la agresión y será sometido a pericias científicas.
A todo esto el fiscal recordó que la imputada integra la lista de testigos protegidos por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculado al histórico caso de la desaparición forzada de Iván Eladio Torres, hecho por el cual fue condenado internacionalmente el Estado Argentino.
En relación a ello, el acusador público aclaró que Bolívar no puede ser alojada en un centro de detención que dependa de la Policía Provincial, motivo por el cual solicitó que se dicte la prisión preventiva -debido a la gravedad del hecho, la expectativa de pena y el peligro de entorpecimiento de la investigación- en Gendarmería Nacional o Prefectura Naval Argentina.
Por su parte el defensor se opuso al dictado de una medida de coerción e hizo saber que su pupila prestaría declaración.
En su descargo, la detenida dijo que nada tuvo que ver con la agresión y que se hallaba a bastante distancia del lugar del hecho. Afirmó también que observó tirada en el piso a la persona herida y que intentó llamar a la policía, algo que habría sido impedido por sus otros familiares, quienes según ella le dijeron que si los llamaba se tendría que hacer cargo de la autoría.
Su versión no fue lo suficientemente coherente como para convencer a las partes. Incluso no pudo justificar las manchas de sangre que tenía en sus prendas de vestir y aún en sus manos.
En relación a esas evidencias el fiscal solicitó el secuestro de la ropa y un hisopado en las uñas para determinar si la sangre se corresponde con la de la víctima, medidas que fueron autorizadas por el juez.
Finalmente, el magistrado formalizó la apertura de investigación otorgándole a la Fiscalía el plazo de 4 meses para culminarla y el de 2 meses de prisión preventiva a cumplir en el organismo de seguridad nacional que tuviera capacidad para alojarla.
La audiencia de control de detención se llevó a cabo ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia y fue presidida por el juez penal Alejandro Soñis. En representación de la parte acusadora actuó el fiscal general, Adrián Cabral, mientras que la detenida recibió la asistencia técnica del abogado adjunto de la Defensa Pública, Ricardo Amado.
En ese contexto el fiscal efectuó un breve relato del hecho enrostrado a Bolívar, solicitando que se declare legal su detención y se formalice la apertura de investigación en su contra por el delito de homicidio simple en grado de tentativa.
Ello, por el hecho ocurrido el viernes minutos antes de las 16 en un caserío ubicado en inmediaciones de San Martín y Los Claveles.
LA CULPA EL
PADRE Y EL HERMANO
El acusador afirmó que cuenta con testimonios del propio padre y el hermano de la detenida que la sindican como la autora de las lesiones sufridas por la víctima, hecho que por sus características fue calificado como homicidio simple en grado de tentativa. Además, fue secuestrado el cuchillo utilizado en la agresión y será sometido a pericias científicas.
A todo esto el fiscal recordó que la imputada integra la lista de testigos protegidos por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculado al histórico caso de la desaparición forzada de Iván Eladio Torres, hecho por el cual fue condenado internacionalmente el Estado Argentino.
En relación a ello, el acusador público aclaró que Bolívar no puede ser alojada en un centro de detención que dependa de la Policía Provincial, motivo por el cual solicitó que se dicte la prisión preventiva -debido a la gravedad del hecho, la expectativa de pena y el peligro de entorpecimiento de la investigación- en Gendarmería Nacional o Prefectura Naval Argentina.
Por su parte el defensor se opuso al dictado de una medida de coerción e hizo saber que su pupila prestaría declaración.
En su descargo, la detenida dijo que nada tuvo que ver con la agresión y que se hallaba a bastante distancia del lugar del hecho. Afirmó también que observó tirada en el piso a la persona herida y que intentó llamar a la policía, algo que habría sido impedido por sus otros familiares, quienes según ella le dijeron que si los llamaba se tendría que hacer cargo de la autoría.
Su versión no fue lo suficientemente coherente como para convencer a las partes. Incluso no pudo justificar las manchas de sangre que tenía en sus prendas de vestir y aún en sus manos.
En relación a esas evidencias el fiscal solicitó el secuestro de la ropa y un hisopado en las uñas para determinar si la sangre se corresponde con la de la víctima, medidas que fueron autorizadas por el juez.
Finalmente, el magistrado formalizó la apertura de investigación otorgándole a la Fiscalía el plazo de 4 meses para culminarla y el de 2 meses de prisión preventiva a cumplir en el organismo de seguridad nacional que tuviera capacidad para alojarla.