La junta federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.) fue el primer organismo judicial del país en expresarse sobre el viaje que jueces y fiscales realizaron a Lago Escondido junto a empresarios de medios, hombres vinculados a la inteligencia y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro.
“La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ante los hechos de público conocimiento, expresa su reafirmación de los principios éticos que deben guiar a la magistratura y la función judicial, particularmente aquellos tendientes a evitar conductas que pongan en crisis la confianza que la sociedad debe tener en sus jueces”, comienza el comunicado.
Y sentencia: “Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”.
“Finalmente destacamos el enorme trabajo que cotidianamente realizan los poderes judiciales provinciales y de CABA para garantizar el acceso a justicia, con independencia, transparencia e imparcialidad”, completa el texto del organismo que también integra el Superior Tribunal de Justicia de Chubut que por ahora preside Mario Vivas.
LOS INVOLUCRADOS
Los funcionarios judiciales que viajaron a Bariloche son el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; el juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola.
Otro de los involucrados que quedó expuesto es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que es quien habría sufrido el hackeo desde donde trascendieron las conversaciones de Telegram en las que los participantes del viaje coordinan una estrategia en común si la situación tomaba estado público. Sucede que el funcionario de Larreta apuntó directamente contra el comodorense José Glinski, titular de la PSA, y escribió a uno de sus interlocutores: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.
El comunicado de JU.FE.JUS. también cita a la CIDH sobre la ética que deben mantener los jueces: “Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia judicial. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, aunque también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de quienes ejercen funciones de revisión o apelación”.
En los supuestos mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de la fiscal federal de Bariloche Cándida Etchepare para “cerrar” la primera causa judicial que se abrió por el episodio.