Tela de araña

Por Luis Beltrán

“La ley es tela de araña”. Alfredo Zitarrosa solía cantar esta canción a mediados de los años setenta y graficar las dificultades de la justicia para, precisamente, impartir justicia. Parte de una denuncia a todo el sistema al que el trovador uruguayo se oponía con claridad y acción concreta. Nada mal vendría amplificar su maravillosa “Guitarra negra” para entender ese espíritu insumiso. Pero Zitarrosa no es el motivo de esta opinión; el motivo es, de nuevo, la justicia; o mejor dicho: las decisiones que toman los encargados de administrarla. Y de cómo, ante sucesos puntuales, quienes no transitan los laberintos judiciales se estremecen al conocer esas decisiones.

“Siempre había oído mentar/ que ante la ley era yo/ igual a todo mortal./ Pero hay su dificultad/ en cuanto a su ejecución”.

Este diario publicó el miércoles una de esas noticias que llaman la atención y le dan de comer a la bronca. “El padre biológico de una nena de seis años reconoció que abusó de su pequeña hija, pero los acusadores no lograron probar que el daño en la criatura fuera producto de una penetración. Por tal motivo, la parte querellante cambió la calificación y de abuso sexual con acceso carnal pasó a abuso simple. Con esa modificación, y durante un juicio abreviado, el imputado recibió una condena de tres años de prisión en suspenso”.
A pesar de confesar el delito, de decir “sí señor, abusé de ella”, el hombre quedó libre. Y así seguirá hasta que se muera, si es que no reincide o comete otro. La tela de araña judicial tiene esa posibilidad: aumentar día a día nuestra capacidad de asombro, elevar el piso de la impotencia.
Se sabe: no es fácil sobrevivir en el laberinto de las leyes. ¿Cómo se le explica al “ciudadano común” que este abusador confeso está en libertad porque la ley así lo establece? ¿Quién tiene la capacidad de entendimiento para no reaccionar preso de una “emoción violenta”? ¿Qué le decimos a la nena de seis años?

“Roba un gaucho unas espuelas/ o quitó algún mancarrón/ lo prenden, me lo enchalecan/
y de malo y salteador/ lo tratan y hasta el presidio/ lo mandan con calzador”.

El Código Procesal Penal de Chubut entró en vigencia en noviembre de 2006 tras una larga tarea a cargo del constitucionalista José Raúl Heredia, quien lo redactó a pedido del Poder Ejecutivo en manos del gobernador Mario Das Neves. Inmediatamente a su puesta en práctica surgieron críticas e interrogantes, matizadas, claro, con la acostumbrada pirotecnia verbal que utilizan los dirigentes políticos en detrimento de las decisiones tomadas por jueces o fiscales. Hubo peleas “ejemplares” que no aportaron nada serio a tener en cuenta en una eventual reforma integral del Código. Hasta los diputados provinciales desenfundaron su verba y dispararon sus petardos; está claro que no aportaron nada más que eso: agresiones. Los mismos encargados de impulsar y aprobar leyes prefirieron el camino más rápido y fácil: criticar al otro, sea juez o entenado.

“Vamos pues a un señorón:/ tiene una casualidad/ ya se ve, se remedió/ un descuido/ que a cualquiera le sucede/ sí señor./ Al principio mucha bulla/ embargos, causa, prisión/ van y vienen, van y vienen/ secretos, admiración/¿Qué declara? Que es mentira/ que él es un hombre de honor./ ¿Y la mosca? No se sabe/ el Estado la perdió/ el preso sale a la calle/ y se acabó la función”.

Hay actos inentendibles. Nada fáciles de digerir. Contrapuntos que asombran. El 21 de mayo de este año este diario reveló: “Una mujer pasó la noche demorada con sus hijos por orden de un juez”. La joven, de 28 años, fue atrapada en un supermercado cuando supuestamente intentaba robar. Había colocado en el bolso que llevaba uno de sus hijos unas fetas de fiambre y leche. No hace falta explicar el daño económico irreparable que le causó al comercio una acción como esta, hasta se sospecha que este fue el motivo por el que aumentó todos los precios en un intento de acomodar el balance financiero.
El juez de Garantías fue contactado por el fiscal de turno quien le expuso la situación; el magistrado ratificó su decisión y la mujer quedó detenida junto a sus hijos durante toda la noche en un calabozo de la Seccional Tercera. Al día siguiente, otro juez escuchó su testimonio y, con sentido común, ordenó su libertad y dictó su falta de mérito. Sin contar los costos burocráticos, el gasto de nafta del patrullero que la llevó desde el supermercado a la Seccional, luego a la sede judicial y después a su casa superó holgadamente el monto del fiambre y la leche que se llevaba para comer.

“Y esto se llama igualdad/ ¡la perra que los tiró!/ Porque siempre oí mentar/ que ante la ley era yo/ igual a todo mortal./ Pero hay su dificultad/ en cuanto a su ejecución”.

En una entrevista publicada en diciembre del año pasado, la fiscal Adriana Ibáñez aseguró que durante 2010 aumentó “la cifra negra de la criminalidad”. Lisa y llanamente hablaba que se cometen delitos y quienes resultan víctimas no hacen la denuncia correspondiente. “Muchos no la hacen porque descreen de la policía, del sistema penal, del Ministerio Público Fiscal o del Poder Judicial, como lo quieran llamar”, graficó.
Cuando hacía esta afirmación ya circulaba un pedido formal para que una menor de 15 años sea sometida a un aborto terapéutico tras haber denunciado que había sido violada por su padrastro, el policía Orlando Nahuelmir. Este proceso es un emblema de lo inentendible que puede ser el sistema judicial para quienes nunca ingresaron en el laberinto de las leyes.
Luego de un largo peregrinar, de fallos y apelaciones, la chica logró la autorización para llevar adelante el pedido. El policía, finalmente, fue enjuiciado. Sea por impericia de la querella o del fiscal al desarrollar la acusación, o de la razón que sea, los jueces llegaron a la conclusión que el hombre no violó a la hijastra, por lo tanto lo condenaron por estupro agravado. Este delito deja implícito que hubo una relación consentida por la chica y que “sólo” se castiga por tratarse de una menor de edad. La pena que se le impuso fue de ocho años de prisión; si hubiese sido declarado culpable de abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido contra una menor, le hubiese correspondido un castigo de 20 años de cárcel, como máximo.
¿Cómo se le explica a esa chica que pasó por la traumática experiencia del aborto esa diferencia de palabras que restan años a una condena? ¿Qué tienen las leyes que pueden ser leídas con criterios tan disímiles de acuerdo al juez que la aplique? ¿Cómo puede reaccionar un ciudadano ante las disparidades? Ya lo dijo Alfredo Zitarrosa: la ley es tela de araña.

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