Prefectura Naval ordenó retomar las tareas de manera inmediata y advirtió que quienes mantengan la medida podrían enfrentar sumarios y causas penales. El conflicto estalló tras un decreto del Gobierno de Javier Milei que desreguló la actividad.

El conflicto en los puertos argentinos escaló este martes luego de que la Prefectura Naval Argentina intimara formalmente a 536 profesionales de practicaje y pilotaje a regresar de inmediato a sus puestos de trabajo, en medio de un paro por tiempo indeterminado que mantiene frenado el movimiento de más de 100 embarcaciones.

La medida de fuerza afecta una actividad clave para la navegación. Los prácticos y pilotos son los profesionales encargados de asistir las maniobras de los grandes buques en puertos, ríos, canales y pasos de la Hidrovía. Sin su intervención, numerosas embarcaciones no pueden continuar sus operaciones.

Como consecuencia, permanecen demorados barcos vinculados al transporte de granos, productos energéticos, insumos y otras mercaderías, lo que comienza a generar preocupación por el impacto sobre el comercio exterior.

Advertencia de sanciones y posibles causas penales

Frente a la continuidad del paro, Prefectura, como autoridad encargada de la fiscalización operativa y disciplinaria de la actividad, avanzó con notificaciones individuales para exigir la normalización del servicio.

La advertencia oficial es contundente. Si los trabajadores mantienen la interrupción de las prestaciones, podrían abrirse sumarios administrativos y formularse denuncias penales por el eventual entorpecimiento del transporte por agua o por conductas que puedan comprometer la seguridad de la navegación.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, las figuras contempladas podrían derivar en penas de prisión de hasta ocho años, dependiendo de las circunstancias de cada caso.

El decreto de Milei que desató el conflicto

El enfrentamiento comenzó a partir del Decreto 690/2026, impulsado por el área de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger. La normativa dejó atrás el esquema que regulaba la actividad desde 1991 e introdujo importantes modificaciones en el funcionamiento del practicaje y pilotaje.

Entre los principales cambios aparece la creación de un registro público de profesionales administrado por Prefectura, la eliminación de restricciones para ingresar a la actividad y una mayor libertad para que las empresas usuarias puedan elegir quién presta el servicio.

Asimismo, el nuevo régimen permite establecer topes tarifarios, obliga a transparentar los costos de las prestaciones y elimina la división por tramos geográficos que hasta ahora podía exigir el reemplazo del práctico durante determinados recorridos.

También flexibiliza el traslado de los profesionales y amplía las situaciones en las que determinados buques pueden quedar exceptuados de contratar estos servicios.

Un paro por tiempo indeterminado y un conflicto que escala

Los trabajadores rechazan la reforma y resolvieron suspender completamente las tareas para embarcaciones nacionales y extranjeras hasta que el Gobierno dé marcha atrás, suspenda o modifique el decreto.

Con más de un centenar de barcos afectados y sin una salida negociada a la vista, el conflicto dejó de limitarse a una disputa sectorial y comenzó a impactar directamente sobre una de las principales vías de ingreso y salida de mercaderías del país.

La intimación de Prefectura suma ahora un nuevo elemento de tensión: mientras los trabajadores mantienen el paro contra la desregulación, el Gobierno endurece su posición y advierte con avanzar administrativa y penalmente contra quienes no retomen la actividad.