En el fragor del debate político sobre la reforma laboral, el regreso de los "Ticket Canasta" se ha convertido en un tema candente. Estos vales alimentarios, que alguna vez fueron protagonistas en la Argentina de los años noventa, están ahora bajo el escrutinio y el ojo crítico de diversos sectores de la sociedad.

El proyecto de reforma laboral, que pronto será presentado al Congreso, propone la reincorporación del vale de comida al paquete salarial. Esta iniciativa ha generado controversia debido a que estos tickets, al ser no remunerativos, no se incluirían para calcular indemnizaciones o aportes jubilatorios.

La historia de los "Ticket Canasta" comienza en 1989, cuando se introdujeron como una respuesta a la hiperinflación. Sin embargo, lo que en un principio fue un remedo económico, se transformó en una complicada telaraña de regulaciones y disputas legales. En 2007, a raíz de un proyecto del ahora exdiputado Héctor Recalde, estos vales fueron finalmente removidos del sistema laboral argentino, poniendo fin a un período de controversias y acusaciones de corrupción.

Para muchos trabajadores, el uso de estos vales significaba una reducción en su salario neto. No sólo no eran considerados para el cálculo de beneficios como aguinaldos y compensaciones por vacaciones, sino que además introducían desigualdades, al no contabilizarse durante enfermedades o incapacidades laborales. Al mismo tiempo, los empresarios gozaban de ahorros significativos y beneficios adicionales a expensas del sector trabajador y del Estado.

Mientras que los defensores de la reinstauración de los vales argumentan un retorno a políticas modernas de flexibilidad laboral, diversos estudios, como el de Zubán Córdoba, reflejan un masivo rechazo público hacia esta medida. Los recuerdos del antiguo sistema aún están frescos en la mente de muchos trabajadores, quienes lo perciben más como un favor a los empresarios que una ayuda a sus propios bolsillos.

Si bien el retorno de los "Ticket Canasta" podría significar para algunos empresarios una forma de optimizar costos, el impacto económico negativo sobre los trabajadores y el sistema previsional no debe subestimarse. Se abre así un intenso debate sobre si este programa realmente servirá como antídoto a problemas actuales, o si reintroducirán viejas desigualdades al tejido laboral de la Argentina.