Tres comisiones de fomento presentaron un amparo judicial por la quita del Fondo Sojero
Los presidentes de las comisiones de Fomento de Cañadón Seco, Jaramillo-Fitz Roy y Lago Posadas, Jorge Soloaga, Ana María Urricelqui y Mónica Sánchez, de manera respectiva, promovieron una "acción de amparo" contra el Gobierno nacional por la "arbitrariedad e ilegalidad" del decreto de Necesidad y Urgencia 756/2018, por el cual se eliminó el Fondo Financiero Federal, más conocido como Fondo Sojero, que se coparticipaba con las provincias y municipios.

Caleta Olivia (agencia)

“Esto es un atropello total a las provincias y a los municipios, por eso decidimos presentar nuestras denuncias, recursos de amparo, y todo lo que corresponda en este reclamo”, afirmó Ana María Urricelqui, luego de presentar la documentación en al Juzgado Federal de Caleta Olivia, a mediodía del jueves.

“En nuestro caso nos afecta de sobremanera porque necesitábamos de esos recursos económicos para realizar la primera etapa de construcción del colegio secundario y la ampliación del puesto sanitario”, argumentó la comisionada de Jaramillo y Fitz Roy.

Mientras, Mónica Sánchez, dijo que la decisión macrista “afecta terriblemente a una comunidad tan pequeña como la nuestra, pero vamos a pelear hasta por el último centavo que corresponde a nuestras comunidades”.

Precisó que Lago Posadas dejará de percibir 190 mil pesos anuales con los cuales se proyectaba llevar adelante varios emprendimientos comunitarios que ya estaban planificados, incluso con un soporte complementario del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda “pero ahora todo eso se nos complica”.

ARBITRARIEDAD

A su vez, Soloaga sostuvo: “no puede una norma de estas características (por el DNU) ir contra el derecho constitucional y el acuerdo federal de concertación entre Nación y las provincias ya que ello constituye una gran arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

Remarcó: “es por eso que venimos a hacer esta presentación en representación de las comunas de la zona norte de Santa Cruz, planteando la inconstitucionalidad de este Decreto y la medida cautelar de no innovar como se hizo con los tarifazos al gas”.

Sobre las pérdidas monetarias que ello significa para las comunas santacruceñas calculó que oscilarán en los 500 millones de pesos para 2019. Añadió que está claro que al gobierno de Cambiemos no entiende que este Fondo tenía un objetivo solidario y era vital para sostener la mano de obra y la generación de mayor valor agregado con la ejecución de obras públicas.