Tres decretos facilitaron la serie de negociados, según el procurador

El procurador general, Jorge Luis Miquelarena, consideró que algunas decisiones políticas, entre ellas tres decretos firmados durante la emergencia climática que afrontó en particular Comodoro Rivadavia el año pasado permitieron la realización de maniobras irregulares con los fondos públicos. El jefe de los Fiscales también advirtió que fallaron todos los resortes administrativos que la burocracia posee para evitar malversaciones de fondos.

El procurador general Jorge Miquelarena envío el martes al Poder Ejecutivo Provincial una serie de recomendaciones sobre contrataciones, con motivo de las irregularidades observadas en las investigaciones penales de causas de corrupción.

Por nota 046/18, dirigida tanto al gobernador Mariano Arcioni como a quien en ese momento todavía era el Contador General, Mario Glades, Miquelarena aclaró que sus recomendaciones fueron giradas “a modo de colaboración” y que las mismas están “enfocadas en el importante rol del personal estable de los servicios administrativos que toman participación en los procedimientos de las contrataciones del Estado”.

En su escrito, que obviamente surge a partir de la investigación que se está llevando adelante para determinar la existencia de una asociación ilícita, en principio conducida por quien fue titular de la Unidad Gobernador, Diego Correa, que se conformó para defraudar al Estado y por la cual, además del mencionado, hay otros seis detenidos: el segundo de Correa, Diego Luther; su esposa, Natalia Mc Leod; Daniela Souza; Federico Gatica; Sandro Figueroa y Juan Carlos Ramón.

En su recomendación, Miquelerana puso énfasis en las disposiciones de la Ley de Administración Financiera, en el rol de los servicios administrativos y su importancia en la regularidad y legalidad de los trámites, sin perjuicio de las decisiones que corresponden a las autoridades políticas que toman las decisiones.

Respecto de este último punto se clarificó que el objetivo del sistema de contrataciones del Estado es “que los bienes y servicios sean obtenidos con la mejor tecnología proporcionada a las necesidades, en el momento oportuno y al menor costo posible, como así también la venta de bienes al mejor postor”, con independencia de cuál sea la modalidad habilitada de selección del contratante.

LAS FALLAS

En el escrito casi no hay adjetivación, pero sí transmite una serie de cuestionamientos y la certeza de que los hechos de corrupción se produjeron por decisiones políticas poco felices. En concreto habla de tres decretos firmados por el fallecido gobernador Mario Das Neves y su entonces ministro Coordinador, Alberto Gilardino, para atender los efectos de la catástrofe climática.

Miquelarena recordó que “de conformidad con los lineamientos legales, el sistema de contrataciones funcionará con criterio de centralización para las políticas y normativas, y con criterio de descentralización para la gestión operativa”.

En el texto, el procurador recuerda que por regla general las contrataciones se deben realizar por licitación pública pero que también hay opciones, como son la subasta pública, licitación o concurso privado y directo, aunque esas excepciones deben estar debidamente fundadas en “razones de urgencia y emergencia” y en base a pedidos de que deben hacerse por escrito.

En ese tono, el jefe de fiscales cuestiona los decretos 353/17, 385/17 y 409/17, a través de los cuales primero se declaró la emergencia y luego se autorizaron créditos de 10 y de 20 millones para atender la situación.

El decreto 353, por otra parte, contenía una autorización al ministro Gilardino para aprobar y contratar sin los requisitos habituales de compra, y a otorgar subsidios sin las exigencias habituales.

“El rol de la autoridad política resulta fundamental desde el punto de vista de la responsabilidad, pero también lo es el de los servicios administrativos de cada dependencia pública que deben dar alertas tempranas y oportunas a los organismos de control para evitar que se incurra en desvíos, con perjuicio para el erario”, finaliza Miquelarena que solicitó que su recomendación se tenga en cuenta y se haga llegar “a los involucrados, por los medios que se consideren pertinentes”.

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