Tres trabajadores petroleros serán enjuiciados por haber bloqueado el acceso a una empresa de Las Heras

Cinco años después de que bloquearan la base de una empresa de servicios en Las Heras y permanecieran casi noventa días en calabozos, tres trabajadores petroleros serán sometidos a partir del lunes a juicio oral y público por un tribunal de la Cámara del Crimen de Caleta Olivia.

Caleta Olivia (agencia)

Se trata de Martín “Cuellito” Oñate, Néstor Vivares y Jorge Armoa, quienes a fines de febrero de 2014, junto a otros trabajadores y sin el consentimiento formal del Sindicato Petrolero Santa Cruz, se apostaron durante varios días en el portón de acceso de la empresa contratista Bacsa (encargada de retirar efluentes cloacales de campamentos) hasta que intervino la policía.

Cinco de ellos fueron a parar a calabozos de comisarías y dos recuperaron su libertad a los pocos días, pero luego de la denuncia que hizo esa empresa ante la Justicia, Oñate, Vivares y Armoa quedaron procesados por el delito de coacción y entorpecimiento una actividad laboral.

Las crónicas periodísticas de esa época señalan que el conflicto se inició por reivindicaciones laborales, pero se agravó cuando un operario fue despedido.

Armoa era el delegado de ese sector, en tanto que Oñate y Vivares integraban la comisión directiva del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, por lo que el resto de los dirigentes resolvieron suspenderlos y nunca más volvieron a integrarla.

DICEN ser VICTIMAS

DE una PERSECUSION

Ayer, acompañados por el dirigente local del Partido Obrero, Omar Latini y uno de los abogados defensores, Alberto Luciani, los imputados ofrecieron una conferencia de prensa en la cual manifestaron que son víctimas de una persecución política, gremial y empresaria, dado que reclamos laborales como el que ellos llevaron adelante se cuentan por centenares en esta provincia y muy pocos llegan a una instancia de juicio.

Latini dijo que esta causa constituye una persecución a los que reclaman “ante el poder político y el poder de las multinacionales que operan en Santa Cruz”, pero además existe “una parte del Poder Judicial que se presta a la penosa tarea de buscar en el Código Penal alguna figura para sancionar a los que defienden sus derechos, mientras muchos de los que han vaciado a esta provincia y los que están hundiendo al país siguen libres”.

El abogado Luciani sostuvo que junto a su colega Carlos Toledo Vargas entendía que esta causa “ni siquiera tendría que haber llegado a juicio y muchos menos se debería haber privado de la libertad a estos trabajadores”.

Precisó que se los acusa de coacción y entorpecimiento de la actividad económica de la empresa que los denunció, Bacsa.

Al respecto afirmó que ninguno de esos delitos tiene “sustento probatorio” y ello quedará demostrado en las audiencias que se iniciarán el lunes.

El abogado reveló además que luego del juicio no se descarta realizar una presentación legal contra funcionarios del ámbito judicial que instruyeron la causa. Evaluó que en algunos aspectos tienen un notorio desconocimiento en materia de derecho.

En consecuencia, afirmó: “el único resultado justo y previsible de este juicio tiene que ser la absolución de los trabajadores imputados, caso contrario, sería sentar un precedente muy negativo”.

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