Un amparo cuesta 90 mil pesos y no garantiza la cobertura

En Comodoro hay cientos de personas que demandan que se cumpla la cobertura médica de sus familiares. Deben atravesar varias etapas de "violencia burocrática" y no siempre se tiene éxito. Hay temor a "represalias" si se denuncia a los prestadores. La falta de respuesta se da en todos los planes y en todos los servicios.

Hace dos semanas se conoció el caso de Paula Sánchez y Gisela Márquez, dos madres que luchan para que ADOS cumpla con la cobertura de salud para sus hijos discapacitados. El reclamo lleva años y aún no tienen respuestas, pese a que cuentan con un amparo judicial. El caso de Paula y Gisela es el mejor ejemplo de las penurias que atraviesan quienes exigen lo que les corresponde por ley.

En Comodoro hay cientos de familias que registran problemas de este tipo. No hay distinción entre obra social o prepaga. Todas cuentan con alguna denuncia por falta de cobertura médica, retraso de cirugías, negación de medicamentos o de acompañamientos terapéuticos.

El Patagónico reconstruyó las diferentes etapas que debe atravesar una familia para conseguir que los prestadores de servicios médicos cumplan con sus obligaciones. Los damnificados solicitaron que no se publique su nombre ni se cite a su obra social o prepaga. Temen represalias en un mediano plazo. Es que el escrache o la denuncia pública es la última instancia a la que deben recurrir las familias. Ese es el consejo de los abogados.

El reclamo comienza con lo básico: llamadas interminables con música de fondo, visitas constantes a la sede de la obra social y diferentes cartas a las autoridades de las obras sociales o prepagas. La respuesta nunca llega y entonces se abre el camino de la judicialización.

Los afectados deben consultar con un abogado que los represente. Ese asesoramiento tiene un valor, que irá aumentando con los diferentes trámites que deberán afrontar, como cartas-documento. Se intima que respondan, como también para que paguen. Cuando se agotan todas las instancias se puede solicitar un recurso de amparo. Esta medida es la más costosa: tiene un valor de 90 mil pesos.

Sin embargo, el gasto de este dinero no garantiza que la obra social o prepaga devuelva el 100% de la cobertura que durante meses se negó a hacer. Según pudo saber este medio, los prestadores devuelven una parte o agilizan los pagos de terapeutas y medicamentos.

La idea es que los damnificados retiren la medida judicial. Este proceso es llamado por las familias como “violencia burocrática”. Lo padecen todas las personas que reclaman por su salud o por la de un ser querido.

La situación es tan “kafkiana” que los empleados de las obras sociales o prepagas preguntan si el usuario está “en Legales”. Según la respuesta, la atención será de una manera u otra. La espera puede ser eterna. El objetivo es desgastar a los damnificados. Y en todo el proceso, las obras sociales y prepagas continúan cobrando su cuota todos los meses.

Mientras se define una respuesta, las familias deben aprender de Economía, Derecho y Administración. Todas esas funciones deben estar en sus registros como resguardo a que los prestadores se dignen a cumplir con sus obligaciones. Es que muchas personas deben asistir a la escuela con un acompañamiento terapéutico, en tanto otros necesitan un enfermero o un psicólogo.

El sueldo de estos especialistas es abonado por la obra social. Sin embargo, en Comodoro muchos trabajan aun sabiendo que, con suerte, podrían cobrar sus haberes dentro de seis meses.

Cuando las obras sociales o prepagas deciden hacerse cargo de la cobertura, les transfieren el dinero a las familias. Allí hay que sacar cuentas y volver a transferir a los especialistas.

En Comodoro el silencio es la mejor herramienta para los prestadores de servicios médicos. Los que necesitan la prestación deben atravesar una serie de etapas que lo único que hace es desgastar su salud. Las respuestas no aparecen y al final la única medida efectiva es el escrache o la denuncia pública que en el mediano plazo puede traer consecuencias.

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