Un jefe de Regimiento fue procesado por "coacción y maltrato arbitrario"

Por la denuncia de una soldado voluntaria se inició un proceso investigativo en el Regimiento de Caballería del Ejército en Esquel. Así se descubrió que existen más víctimas y que son al menos tres.

La Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Silvina Avila, informó ayer que tras la denuncia de una soldado del Ejército Argentino, realizada el 4 de abril en la Comisaría de la Mujer de Esquel, se procesó al segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco”, oficial Matías Castro Ramos, por coacción y maltrato arbitrario. Por la denuncia inicial se inició un proceso investigativo en el Regimiento de Caballería del Ejército en Esquel. Allí se descubrió que hubo más víctimas, al menos tres soldados voluntarias.

Si bien el expediente se inició con una denuncia, lo cierto es que “como producto de la investigación se hallaron más víctimas del accionar el procesado, por lo que el requerimiento de citación a indagatoria superó el primer escenario planteado”, indicaron desde la Fiscalía.

En el transcurso de la investigación, en el Ministerio Público Fiscal de la localidad cordillerana, además de prueba documental, informática y de fotografías, se obtuvieron más de 30 declaraciones testimoniales que confirmaron los hechos denunciados. Luego de que el imputado prestara indagatoria, el Juzgado Federal decidió procesar al segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 “Coraceros General Pacheco” del Ejército Argentino, Matías Castro Ramos, por ser hallado como “autor de los delitos de coacción cometidos en perjuicio de dos víctimas, dos hechos que concurren de manera real entre sí, en concurso real con el delito de maltrato arbitrario valiéndose de la autoridad militar a un subordinado cometido en perjuicio de otra víctima”.

AMENAZAS VERBALES

Además, desde la Fiscalía se informó que respecto a los delitos de amenazas coactivas que a Castro Ramos “se le atribuye haber manifestado frases en las que literalmente anunciaba un daño futuro buscando obligar a las víctimas a ceder a sus insinuaciones sexuales previas”.

También, la Justicia consideró “comprobado que ambas destinatarias de las amenazas son soldados voluntarias mujeres que no superan los 25 años, siendo en uno de los casos el único sostén económico de familia y materializadas en su ámbito laboral valiéndose de la superioridad jerárquica que gozaba el imputado como segunda autoridad del Regimiento”.

Así, se concluyó que “en este contexto, las amenazas fueron proferidas sin motivos legítimos, en forma deliberada, en un contexto de especial vulnerabilidad de las víctimas por la asimetría jerárquica referida y por los antecedentes concretos de violencia de género materializados en insinuaciones sexuales por parte del mismo agresor, alcanzando la entidad suficiente para obligarlas –como mínimo- a tolerar un alto nivel de malestar, miedo e incertidumbre en su ámbito laboral, en algunos casos incluso consecuencias perjudiciales en su estado de salud”.

Con relación al delito de maltrato arbitrario, la acusación considera que “no caben dudas de que en el marco de un control de guardia llevado adelante por el imputado, en cumplimiento de sus funciones como 2º Jefe del Regimiento, buscó aleccionar a la soldado voluntaria (víctima) ordenándole en dos oportunidades la realización de un mismo ejercicio con el objeto de demostrar mediante la práctica de su autoridad, las consecuencias negativas que implicaba negarse a mantener relaciones sexuales con él”.

De esta forma, se evaluó que “la conducta que se reprocha no radica en la orden en sí misma ni en su contenido, sino en la utilización abusiva de esa autoridad al hacer ejecutar en dos oportunidades un mismo ejercicio, haciéndole ver que no buscaba perfeccionar la ejecución del movimiento –como alegó-, sino para que supiera lo que implicaba que se negara a mantener relaciones sexuales con él”, señalaron.

En la resolución, la Justicia dispuso medidas cautelares contra el procesado como embargo sobre el patrimonio, prohibición de salir del país y el mantenimiento de medidas preventivas ya dispuestas anteriormente.

En esta causa también fue imputado el jefe del Regimiento, teniente coronel Fernando Alberto Tereso, por omitir el cumplimiento de los deberes de funcionario público, en tanto no denunció los delitos de los que tomó conocimiento y no dio parte de ellos al Comando IX Brigada Mecanizada de Comodoro Rivadavia del Ejército Argentino.

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