Un fallo judicial favorable al Gobierno nacional inició un nuevo capítulo que dilata la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, norma que habilitaría el aumento -sujeto a la inflación- para salarios de trabajadores y los montos de las becas. Antes de conocerse este fallo, las universidades habían anunciado una nueva Marcha Federal.

El 31 de marzo último, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había dado curso a la medida cautelar solicitada por las universidades que solicitó la implementación efectiva de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. En el primer caso, se propone una actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas sujeta a la inflación que existió entre diciembre de 2023 y la sanción de la ley, además de establecer una convocatoria paritaria trimestral. La misma medida de aumento de valor impactaría en las becas.

Ahora el juez de primera instancia Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal II, decidió suspender provisoriamente la ejecución de las acciones que determinaba el fallo de segunda instancia, que proponía la implementación de la ley pese a las potenciales iniciativas judiciales del Gobierno nacional. Esta decisión será apelada el lunes por las autoridades universitarias.

En simultáneo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala III -de segunda instancia- evalúa el recurso extraordinario federal interpuesto por el Ejecutivo, que busca frenar la implementación de la ley. En tal caso, la definición podrá ser elevada a la Corte Suprema. Una alta fuente parlamentaria de La Libertad Avanza indicó a Ámbito que continúa la intención de presentar un proyecto de ley de financiamiento alternativo para las universidades.

MARCHA FEDERAL

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) decidió convocar a una nueva movilización para el martes 12 de mayo en ciudades de todo el país, bajo la consigna "Marcha Federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional".

El reclamo apunta a la implementación de la ley de Financiamiento Universitario ratificado por el Congreso nacional en el 2025.

Según un informe del propio CIN, mientras que los salarios universitarios subieron un 158% entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, la inflación trepó al 280%. Este defasaje se tradujo en una caída del 32% en el poder de compra de los trabajadores del sector. El deterioro salarial acumulado representa una quita real de 7,3 salarios mensuales en poco más de dos años.

Asimismo, las universidades nacionales sufrieron un desplome real del 45,6% en sus transferencias entre 2023 y 2026.