El lunes se cumplieron dos años del asesinato de Rafael Nahuel. El joven de 22 años murió cuando el grupo Albatros de la Prefectura Naval ingresó, por orden del juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, a la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu, en la zona del Lago Mascardi. Allí recibió un disparo de un arma calibre 9 milímetros que le ingresó por la espalda.
Su asesinato se produjo el mismo día en que Santiago Maldonado estaba siendo velado después de haber sido encontrado el 17 de octubre de ese año en el río Chubut, a escasos metros de donde había sido visto huyendo de los gendarmes en medio de la represión ejecutada el 1 de agosto contra la comunidad mapuche de Cushamen.
Es por eso que la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu y el Comité por la Absolución de Lautaro Curruhuinca pintaron el domingo un mural en la plaza de la Escuela 83 para exigir justicia por Nahuel.
La jornada estuvo acompañada por música en vivo y exposiciones y sirvió para manifestarse en defensa del territorio y del agua; exigir que cese la persecución a los pueblos originarios y rechazar la megaminería y las hidroeléctricas.
En este sentido Ana Laura, integrante del Comité por la Absolución de Lautaro Curruhuinca -único testigo en el caso de Rafael Nahuel-, pidió que cese la persecución contra los pueblos originarios y que la Justicia deje a un lado “la corrupción”.
“El día que asesinaron a Rafael en un proceso de recuperación de territorio, Lautaro fue uno de los que cargó el cuerpo montaña abajo, malherido, intentando salvar la vida sabiendo todo lo que había pasado con Santiago Maldonado; sabiendo cómo habían manejado su cuerpo con total impunidad. El no quiso dejar a Rafael en manos de Prefectura. Por eso se le hizo esta causa. La situación de Lautaro en términos jurídicos se recrudece y se profundiza su persecución. Por otro lado, se acrecientan las acciones de solidaridad hacia él y su familia sobre las denuncias del entramado político judicial que intenta criminalizarlo”, sostuvo.
También cuestionó a la Cámara Federal de Casación Penal por anular el procesamiento a Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de Prefectura Naval, acusado por matar de un disparo al joven de 22 años durante el operativo de Villa Mascardi.
“El Poder Judicial es una de las herramientas más complejas del Estado. Dentro de esta estructura, el Poder Judicial federal es el más monárquico. Este poder en su conjunto manifiesta el cúmulo de desiguales y es el más represivo ya que define la legalidad de nuestras acciones y legitima la represión del estado que la contiene. Desde esta perspectiva, repudiamos el accionar de la Cámara de Casación Penal 3 integrada por los jueces Liliana Catucci, Esteban Righi y Juan Carlos Germignani y su perfecto encubrimiento de Javier Pintos que quedó en libertad sin causa”, criticó.
“JUSTICIA SIN
CORRUPCION”
“Lautaro se encuentra obligado a la clandestinidad en un claro fallo intimidatorio, como se pretendía con un juicio abreviado responsabilizándolo de hechos que jamás ocurrieron, como cuenta el Ministerio de Seguridad, invisibilizándolo como testigo y sobreviviendo de la persecución de Prefectura. Lejos de protegerlo como testigo, lo persiguen con una causa de usurpación de tierras y rebeldía”, consideró.
“En este clima de corrupción y clara desventaja, continuamos denunciando la impunidad buscando generar presión para que el crimen de Rafael no quede sumergido en la impunidad y el olvido. Solo la lucha lograra su absolución; solo la denuncia y el escrache enfrentarán al sistema corrupto acercándonos un poco al ideal de justicia. Los asesinos de Rafael fueron Prefectura, el Ministerio de Seguridad y el Estado genocida. Libertad para el pueblo mapuche”, reclamó Ana Laura.