Una especie de granada explotó este jueves en el juicio por la causa denominada Cuadernos. El ejecutivo del Grupo Techint, Pablo Daniel Brizzio, declaró bajo juramento que “los trabajadores argentinos que estaban en la empresa Sidor de Venezuela, propiedad de Techint, salieron sin problemas de ese país y nadie del gobierno de Cristina Kirchner les pidió dinero”. Los dichos de Brizzio son lo contrario de lo que dijeron en su momento los ejecutivos principales de Techint: que tuvieron que pagar por razones humanitarias para que el gobierno de Cristina, y específicamente el ministerio que conducía Julio de Vido realice gestiones ante Hugo Chávez para que los empleados dejen, sanos y salvos, el país caribeño. Con ese argumento, la justicia de Comodoro Py los sobreseyó en la causa Cuadernos, entendiendo “las razones humanitarias” del supuesto pago. En términos jurídicos, el sobreseimiento fue un escándalo y, por supuesto, una demostración del poder empresario.

Los dos ejecutivos fundamentales de Techint, acusados por el ya fallecido juez Claudio Bonadío, fueron Luis Betnaza y Héctor Zavaleta. Ambos declararon que los funcionarios de Planificación les exigieron más de dos millones de dólares para que los empleados de Sidor -la mayor empresa metalúrgica de Venezuela- escapen a los efectos de la nacionalización decretada por Chávez. Brizzio no solo los contradijo totalmente, sino que aportó elementos demoledores: los pagos, según figuran en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, se hicieron entre agosto y diciembre de 2008, pero el ejecutivo contó que los empleados argentinos de Sidor salieron de Venezuela en junio de ese año. O sea que cuando se hicieron los pagos, los “rescatados por razones humanitarias” ya se habían ido de la República Bolivariana.

A lo largo de todo el proceso, los funcionarios de Planificación siempre sostuvieron que no hubo pago alguno y que, en verdad, el dinero se lo quedaron los propios ejecutivos de Techint. A tal punto, que, según marcaron en su momento, tanto Betnaza como Zavaleta entraron al blanqueo que estableció el gobierno de Mauricio Macri. El dueño de Techint, Paolo Rocca, también declaró durante la instrucción de Cuadernos y dijo que no sabía de las supuestas coimas, algo poco creíble si se tiene en cuenta que se trató -supuestamente- de mucho dinero: al menos 2 millones de dólares. Parece difícil sacar una suma semejante sin la venia del dueño.

Brizzio contradijo todo lo dicho hasta el momento. Hoy afirmó que las negociaciones sobre Sidor fueron seguidas y controladas por el propio Rocca y quien estuvo a cargo, José María Olazagasti, el número 2 de De Vido, nunca les pidió dinero. Además, los diálogos con el gobierno de Chávez no fueron sobre el regreso de los empleados -que salieron sin problemas-, sino sobre la indemnización. Quienes siguieron aquellas negociaciones afirman que Techint hizo un negocio fabuloso porque obtuvo una gigantesca reparación.

Hay una seguidilla de testigos, convocados por la fiscal Fabiana León, que terminan declarando contra la acusación y siembran enorme desconcierto en todo el juicio, empezando por la propia fiscal. La idea era que Brizzio dijera que pagaron y pagaron, pero resulta que dijo todo lo contrario. Lo mismo les pasó con Florencio Randazzo, que declaró que Cristina Kirchner nunca le dio la instrucción de favorecer a ningún empresario y que tampoco los empresarios le confesaron alguna vez que les pidieron dinero.

El martes próximo están convocados a declarar Betnaza y Zavaleta. Seguramente serán confrontados sus dichos con los de Brizzio, que sigue hoy en Techint, mientras que Betnaza y Zavaleta ya dejaron sus cargos.