Una decena de nuevos empresarios fueron imputados en la causa "Revelación"
Diez empresarios de la construcción de Trelew, Rawson, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Esquel, son los nuevos imputados en la matriz de corrupción que investiga el Ministerio Público Fiscal del Chubut.

En la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal en torno a la matriz de corrupción en Chubut por el pago de retornos a exfuncionarios del gobierno del Chubut a cambio de poder cobrar por obras públicas, durante los últimos años de la gestión de Mario Das Neves al frente de la gobernación se conocieron diez nuevos empresarios imputados en la causa “Revelación”.

En las imputaciones se incluye a Diego Correa en carácter de secretario de la Unidad Gobernador y al exministro de economía Pablo Oca. El primero como jefe y coordinador de los pagos que debían hacer los empresarios para poder cobrar sus obras. Oca como el ejecutor de los pagos de los certificados. A todos los empresarios se les imputa el delito de “cohecho activo en concurso real en carácter de autor”.

Los nuevos empresarios imputados son Carlos Castro Blanco de la empresa “Apicons Elaborados” de la ciudad de Trelew. Respecto de esta empresa, para los investigadores se cree que pagó a Correa 232.582,20 en concepto de “dádiva” a cambio de que Oca ordenara el pago de casi 12 millones de pesos por las obras que había ejecutado entre octubre de 2016 y junio del año 2017. Según los investigadores, Castro Blanco pagó con cheques propios de una cuenta del banco HSBS y otros terceras personas “con ningún vínculo comercial cierto con la Provincia”, según los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli.

Otro de los empresarios imputados es Gustavo Moretta de la empresa “Libra S.A.” Con dos cheques pagó 30.000 pesos para poder cobrar 1.285.276 el Ministerio de Economía que conducía Oca.

También se imputó al empresario Luis Igarzabal de la empresa O.C.P. Ingeniería y Construcciones S.R.L. con domicilio en la calle Mayo 452 de Rawson. Para los investigadores Igarzábal pagó 9 cheques por un total de 421.300 pesos para que desde el Ministerio de Economía se le liberaran 5.818.539 pesos.

Una empresa de Trelew y otra de Comodoro Rivadavia fueron los que más pagaron a Correa para que Oca libere los pagos por las obras ejecutadas o en proceso de construcción. En este sentido y en la audiencia realizada este lunes en la Oficina Judicial de Rawson, fue Oscar Sandín de la empresa Sandín Construcciones S.R.L de la ciudad de Trelew. Este pagó 642.000 pesos para poder cobrar por obras ejecutadas o en proceso de construcción que sumaron un total de 23.106.76,92 pesos.

También se investigará por el mismo delito de cohecho activo al empresario Fernando Quistani de la empresa Habitar S.A. de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Esta empresa el Gobierno del Chubut le adeudaba una importante cantidad de obras sin que confeccionara la orden de pago por parte del Ministerio de Economía.

Según la acusación, Quistani “sabiendo que Correa en carácter de Secretario de la Unidad Gobernador era quien decidía que empresas constructoras percibían las acreencias con el Estado Provincial y cuáles no, promediando el año 2016 se reunió con éste y le ofreció pagarle con dinero en concepto de dádiva para que Correa ordene los pagos respectivos”. Correa cumplió a través del ministro Oca. Quistani debió pagar 256.280,90 pesos para poder cobrar casi 13 millones de pesos por las obras ejecutadas”.

También fueron imputados los empresarios Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel, ambos de la ciudad de Esquel y propietarios de la empresa Capman S.R.L. Mediante la misma maniobra se les imputa el mismo delito que al resto de los empresarios. Pagaron una dádiva de algo más de 212.000 pesos para que el Ministerio de Economía les libere pagos por un total de 3.268.478 pesos.

En la audiencia de este lunes, también fue imputado Jorge Barrionuevo de la firma IPE S.R.L. (Ingeniería y Proyectos Electromecánicos) de la ciudad de Trelew. Pagó con cheques que fueron endosados por José Rossi de la empresa Depofer S.A. y de Juan Riquelme de la empresa R-V LonasSH. Estos dos últimos empresarios fueron citados a la audiencia de imputación pero no se hicieron presentes. De esta manera Barrionuevo pagó con cuatro cheques una suma total de casi 900 mil pesos para poder cobrar obras que sumaron algo más de 13 millones y medio. Sobre Rossi y Riquelme pesa una imputación más leve, la de cohecho activo en carácter de partícipes necesarios.

Los querellantes Eduardo Conde, Eduardo Hualpa y Aldo Grifiths de Iniciativa Ciudadana, Cristian Martínez de la Fiscalía de Estado, Blas Mesa Evans del bloque denunciante Frente para la Victoria y Mario Romeo de la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la imputación y descripción de los hechos que forman la hipótesis investigativa de los fiscales. Los defensores de los imputados realizaron algunas objeciones formales, dos de los imputados hablaron ante el juez y el defensor de Quistani, el abogador comodorense Ignacio Ferreyra de las Casas, hizo una encendida defensa de su cliente.

El juez de garantías Sergio Piñeda dejó abierta de manera formal a la investigación por el plazo de seis meses con la salvedad pedida por los fiscales de ampliar los plazos ante el carácter “complejo” de hecho investigado. El fiscal general Marcos Nápoli adelantó luego en declaraciones a la prensa que en aproximadamente dos semanas más, se imputará a otra tanda de empresarios por similar delito y modus operandi.