Una historia circular: los remiseros y taxistas ya habían protestado en 2008

Los reclamos de remiseros y taxistas para mejorar la seguridad en la ciudad, y en especial cuando en su actividad diaria son víctimas de la delincuencia, tiene un antecedente directo en mayo de 2008 cuando también se movilizaron tal como sucedió el viernes último. Desde ese momento, aparecieron medidas y los gobernantes de turno señalaron a la Justicia como responsables.
Fue también un viernes, el 9 de mayo 2008, cuando los choferes decidieron bloquear las calles del centro de la ciudad y marchar hacia el Concejo Deliberante. Un trabajador de la remisería “Panchito” había sufrido un violento asalto y eso motivó a sus colegas a manifestarse.
Los manifestantes lograron una reunión en el Concejo Deliberante con Claudio Spagola, que se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional de la Policía, y funcionarios de la Secretaría de Gobierno. Fueron hasta la Municipalidad para entregarle un petitorio al entonces intendente Martín Buzzi, por intermedio del viceintendente Sergio Bohe.
La protesta no fue para nada pacífica. Cuando los choferes en huelga identificaban a los remises y taxis que pasaban, los hacían sumarse a la protesta por la fuerza. Les exigían que dejaran a los pasajeros e ingresaran a la fila que interrumpía la circulación por San Martín.
Al lugar hasta se acercó Juan Carlos Blumberg, quien había participado de una marcha contra la inseguridad en Comodoro la noche anterior. Luego de la tragedia del secuestro y asesinato de su hijo, Blumberg se convirtió en una figura pública asociada a los grupos que piden mano dura.
Al parecer, de nada habían servido las reuniones en la Cámara de Comercio para elaborar políticas que disminuyan el delito en 2007. “No había antecedentes de una fusión tan interesante como ésta, porque los datos que se pueden dar desde el sector privado a la Policía de la provincia son importantes y pueden ayudar en lo que hace a la seguridad”, decía Guillermo Schneider, quien era presidente de la entidad mercantil.
Una de las propuestas surgidas en esas reuniones fue la impresión de folletería y afiches cuyo modelo fue tomado de la Federación Económica de Chubut y de la misma Policía, entre otras medidas. Los afiches indicaban cuáles son los factores que ponen en riesgo a los comerciantes y ofrecían recomendaciones.
Dos meses antes, el en ese entonces gobernador Mario Das Neves había pronunciado el discurso de apertura de sesiones en la Legislatura del Chubut. Ahí aprovechó para criticar a la Justicia, en una cruzada casi personal que tenía el mandatario con ese poder estatal independiente.
“Recorremos las calles permanentemente; en esas recorridas, palpamos el pensamiento de muchos hombres y mujeres, algunos de ellos víctimas de delitos que ven como muchas veces el policía detiene a los mismos delincuentes. Y el policía también siente el hartazgo porque tiene una pelea cotidiana y desigual, detiene al ladrón y la justicia lo suelta”, dijo.
“Se quejan de que hay testigos y personas que fueron hostigados para que no declaren. Y paradójicamente esto se ha dado desde dentro del ámbito judicial. Que esperan la presencia judicial, allí donde fueron los hechos. O que se resuelve la situación procesal del detenido, antes que les tomen la declaración del delito del que han sido víctimas. Por esa gente es que debemos instar a la Justicia a sellar un compromiso intangible con la sociedad: darle las respuestas que la sociedad requiere”, expresó.

HISTORIA CIRCULAR
Los cañones vuelven a apuntar al Poder Judicial y es el Poder Ejecutivo el que encabeza el reclamo. El intendente Néstor Di Pierro marchó el viernes junto a remiseros, taxistas y otros ciudadanos que se sumaron a la protesta para reclamarle a ese poder después de varios bloqueos de rutas de esos trabajadores indignados con el asesinato a puñaladas de su compañero Oscar Ibarrola Yáñez.
“Podemos  explicar lo que estamos haciendo y hasta dónde llega la responsabilidad de poder político, hasta dónde llega la responsabilidad policial, pero falta saber hasta dónde llega la responsabilidad de la Justicia”, sostuvo Di Pierro antes de ingresar a las oficinas judiciales y entrevistarse con el fiscal Emilio Porras Hernández.
“Que los fiscales no investiguen, no estén en los lugares de los hechos delictivos y no trabajen pasó a ser un problema de Estado. Hay que plantearle claramente a la comunidad, dónde está la responsabilidad de cada estamento, dónde está la responsabilidad del poder político, dónde está la responsabilidad de la policía y dónde está la responsabilidad de la Justicia”, indicó también.