Una masiva movilización paralizó a Barcelona para rechazar la represión

Barcelona vivió una jornada de movilización masiva en el marco de un "paro de país" convocado en toda Cataluña en rechazo a la represión policial al referéndum de secesión del último domingo, con el gobierno regional determinado a mantener su rebeldía y embarcarse en la incierta aventura de romper totalmente con España.

Las calles de Barcelona y Cataluña están siendo el termómetro de la peligrosa estrategia de confrontación que llevan adelante tanto el gobierno catalán de Carles Puigdemont, quien avanza hacia una declaración unilateral de independencia, como el Ejecutivo español de Mariano Rajoy, quien no ofrece más respuesta a esta crisis política que aplicar todo el peso de la ley. Si bien el movimiento independentista catalán mantiene su carácter pacífico, los “escraches” de las últimas horas de manifestantes a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegados en Cataluña -quienes estuvieron a cargo de la represión en el referéndum-, muestran que la fractura con la autoridad que representa el gobierno central de España es cada vez mayor. El “paro general” de ayer, que unió a los trabajadores, la patronal y las organizaciones independentistas, así como miles de catalanes que querían expresar su rechazo a la represión policial, contribuyó a mostrar un clima de rebeldía política contra la “injusticia” cometida por el Ejecutivo central. A pesar de que la marcha principal fue convocada para el final de la tarde, miles y miles de personas, la gran mayoría jóvenes, se concentraron desde el mediodía en la plaza Universidad y poco a poco colapsaron las calles, emprendiendo una caminata por la Gran Vía y la vía Laietana, rumbo al Parlamento catalán, con el puño en alto y al grito de “inde-inde-independencia”, mostrando su respaldo a secesión unilateral. En el camino, sobre la vía Laiteana, ante la sede de la Policía Nacional, los manifestantes elevaron el tono recurriendo al ya famoso lema de los independentistas, “Fuera las fuerzas de ocupación”. “Cataluña, antifascista”, fue otra de la consignas que lanzó la multitud, en tono combativo, delante de los agentes de la policía nacional, que se hallaban retirados en una segunda línea, protegidos por los Mossos d ‘Esquadra (policía catalana), que desde la pasada noche custodian el lugar, que estaba rodeado por una protesta. Los manifestantes a su vez aplaudían y felicitaban a los Mossos, quienes se negaron a desalojar a los votantes para evitar el referéndum, desobedeciendo órdenes de la Justicia española. Los escraches a la policía española se reprodujeron anteanoche en otras localidades catalanas como Reus o Lérida. Además, los agentes que estaban en la Calella y Pineda tuvieron que cambiar de alojamiento después de que los hoteles que los hospedaban recibieron presiones para que los echaran.Ayer al mediodía, delante de la sede local del Partido Popular (PP) de Rajoy se reunieron unas 2.000 personas, que culparon a los conservadores por la represión, que dejó casi 900 heridos. Los manifestantes corearon consignas como “Hemos votado” o “los bomberos siempre serán nuestros” -en referencia al apoyo recibido por estos trabajadores que actuaron como escudos humanos frente a la policía-, mientras lanzaban al aire boletas del referéndum del 1 de octubre, en el que el 90% de los 2,2 millones de personas que votaron lo hicieron a favor de independizarse de España. “Trabajando en la sede del @PPCatalunya. Las amenazas del independentismo no nos asustan. Defendiendo Cataluña y España con la cara bien alta”, escribió por su parte el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, en su cuenta de Twitter, encerrado en la sede. En ese contexto, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que el Ejecutivo central tiene preparadas todas las actuaciones para evitar que se siga “pisoteando” la libertad en Cataluña y para evitar los “comportamientos mafiosos” que cree que se están sucediendo en la norteña región en el marco del proceso de secesión. La “número dos” del Ejecutivo respondió así a la pregunta de si el gobierno recurrirá al artículo 155 de la Constitución, que exige una mayoría absoluta del Senado, y que, de forma genérica dice que si una región no cumple con sus obligaciones o actúa gravemente contra el interés general de España, el gobierno puede adoptar medidas para su cumplimiento forzoso y para proteger el interés general.

RUTAS CORTADASEn el marco del paro, un total de 46 rutas fueron cortadas en toda Cataluña, alguna de ellas por tractores de agricultores, mientras en la ciudad de Barcelona los comercios en su mayoría se encontraban cerrados, algunos con mensajes reivindicativos como “Tancat per dignitat” (Cerrado por dignidad). Ante esta medida de presión, el vocero del PP en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que la huelga en Cataluña “no es laboral sino política, de corte nazi”. Asimismo, dijo que los partidos independentistas “ERC (Esquerra Republicana) y la CUP (Candidatura de Unidad Popular) están deseando que haya muertos en Cataluña”, al tiempo que instó a Puigdemont a parar la “confrontación civil” y convocar elecciones, en lugar de esconderse detrás de “turbas violentas”.Sin embargo, fue el uso de la fuerza policial, justificado por la ilegalidad del referéndum, lo que hizo escalar la espiral de violencia. La intervención no sólo no evitó que los catalanes votaran a favor de independizarse sino que provocó una mayor distanciamiento de los catalanes no secesionistas con el Ejecutivo central del PP de Rajoy. “Yo primero que todo soy pacifista, fui a votar pensando en poner ‘No’, pero cuando llegué opté por el ‘Sí’, porque estaba muy exaltada con todo lo que había pasado”, dijo a Télam la manifestante Claudia Torner, mientras participaba de la protesta en rechazo a la violencia. “Me da bastante pánico todo lo que pueda pasar, que escale la violencia, y también si Puigdemont declara la independencia. En ese caso, cambiaré de bando”, añadió. Tras el referéndum que resultó favorable a la secesión, Puigdemont dijo que trasladaría el resultado al Parlamento catalán, que según la ley de la consulta elaborada por los propios independentistas, debe declarar la independencia en un plazo de 48 horas. En este escenario, el líder secesionista reclamó una “mediación internacional” para este conflicto, que se convirtió en la mayor amenaza a la estabilidad política de España en los últimos 40 años de democracia.

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