Una veintena de mujeres de planes sociales aisló a Caleta
El mismo grupo de alrededor de veinte mujeres y algunos hombres, beneficiarios de planes sociales que la semana pasada protagonizó la toma de un Centro de Integración Comunitaria, en demanda de mejorar sus condiciones laborales, cortó ayer la ruta Nacional 3 en el acceso norte a esta ciudad.
Caleta Olivia (agencia)

El bloqueo, sobre la rotonda que da frente a la playa de tanques petroleros de Termap, se inició a las 8, se mantenía hasta avanzada la tarde y no se descartaba que las manifestantes decidieran mantenerlo durante toda la noche.
Solo hubo algunas aperturas esporádicas al tránsito que no alcanzaron a descomprimir las extensas filas de camiones y colectivos, en tanto que los vehículos livianos pudieron utilizar un camino alternativo que pasa por el barrio Altos del Golfo aunque cabía la posibilidad que un contrapiquete de camioneros anulara ese desplazamiento.
Las manifestantes forman parte de los precarizados programas de trabajo denominados planes sociales que coordina el municipio, pero que solventa el Gobierno provincial con fondos que provienen de aportes de las mineras.
Este grupo se identifica como "11 de Noviembre" por la génesis de su conformación cuando años atrás era una agrupación de personas desocupadas y ahora reclama por la promesa que a fines de 2016 le hicieron varios funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Según los dichos de la voceras, les hicieron completar un curso de costura y manejo de máquinas la industria textil para conformar una cooperativa que dependiera directamente de la provincia, lo cual le generaría mejores ingresos económicos, pero en la práctica esta última instancia no se concretó.
Es por ello que ayer decidieron cortar la ruta y exigir la presencia del ministro de Gobierno Fernando Basanta, aunque no había indicios de que el funcionario que había llegado el lunes a Caleta Olivia, continuara permaneciendo ayer en la ciudad.
En medio de esta incertidumbre, hubo un entrecruzamiento de acusaciones de culpas entre funcionarios municipales y provinciales, en tanto que reducidos grupos de policías y gendarmes permanecían apostados cerca del piquete, sin tener directivas precisas de alguna autoridad judicial, teniendo en cuenta que el sitio del bloqueo confunde las jurisdicciones de los ámbitos provincial y federal.