La medida ya fue confirmada por la CONADU, quien busca coordinar con la CONADU Histórica si la protesta se extenderá por dos o tres días, en la previa de una nueva Marcha Federal. Reclaman la recomposición salarial contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario, avalada por la Justicia e incumplida por el Gobierno.
Los docentes universitarios definieron un paro para este miércoles 30 de septiembre en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento y una recomposición salarial. El cese de actividades se extenderá entre 48 y 72 horas. Así lo decidió la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), frente sindical integrado por docentes de la Universidad de Buenos Aires y otras casas de altos estudios.
Ahora la CONADU buscará coordinar la protesta en conjunto con la CONADU Línea Histórica. Esta última confederación gremial es a la que pertenecen la mayoría de las representaciones docentes del interior del país, entre ellas la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
El frente de gremios aclaró que la medida de fuerza se suspenderá solo si el Gobierno nacional cumple, antes del martes 29, con la recomposición salarial del 33,4% contemplada en la Ley de Financiamiento Universitario.
El Gobierno ofreció solo una suba del 3% en la última paritaria y los docentes rechazaron la propuesta. El desacuerdo derivó, en ese momento, en la convocatoria a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.
La secretaria general de CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que el objetivo es fortalecer la organización colectiva frente a un contexto que, según planteó, está marcado por la “fragmentación e individualismo” impulsados por el gobierno de Javier Milei.
Según los docentes universitarios, todavía queda pendiente una actualización salarial cercana al 30%.
Mientras tanto, el Gobierno apelará la resolución judicial que le dio un plazo de cinco días para cumplir de manera total con la cautelar sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación será ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
La decisión apunta contra la intimación que dictó el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N11. El magistrado sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar y advirtió que podrá aplicar multas por cada día de demora si el Ejecutivo no cumple dentro del plazo establecido.
La posición de fondo de la Casa Rosada es distinta a la del juez. Funcionarios que siguen el expediente sostienen que el Ejecutivo ya dio cumplimiento a la medida cautelar y que así lo informó y acreditó ante la Justicia. Ese argumento será uno de los ejes de la presentación contra la nueva resolución.
La apelación no reabre, sin embargo, la discusión sobre la cautelar original, que ya quedó firme. Cormick la dictó en diciembre de 2025 y ordenó aplicar de manera inmediata los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes en alrededor del 30% y la actualización de los programas de becas estudiantiles.