Uno de los imputados por el robo a Crediario quedó libre

Uno de los imputados por el asalto a la financiera Crediario, Sebastián Gallorini, fue sobreseído y recuperó la libertad luego de que el juez, Jorge Pellegrini, hiciera lugar al pedido de nulidad de su detención, el cual fue efectuado por la Defensa Pública en el marco de la audiencia preliminar de juicio que concluyó ayer. La causa tiene otro tres detenidos y ahora solo resta el juicio oral.

La audiencia preliminar de juicio, por la causa del asalto a la financiera Crediario, concluyó ayer tras varios cuartos intermedios.
El caso data del 16 de febrero de este año y desde entonces surgieron tres detenciones: la de Carlos Daniel Bustamante, Claudio David Reinaga y René Barrera. Casi tres semanas después se detuvo a Sebastián Gallorini como presunto integrante de la banda y sindicado como el único prófugo.
En el marco de la audiencia preliminar de juicio, el defensor particular de Bustamante, Guillermo Iglesias, planteó la nulidad tanto de la detención como de la requisa del Ford Falcon en el que se habrían movilizado los autores del asalto.
La Defensa Pública de Reinaga y Barrera también planteó, a su turno, nulidades respecto de la detención de sus defendidos y, por otro lado, la Defensa (también Pública) de Gallorini elevó una nulidad similar.
En este último caso, Gallorini fue detenido tres semanas después del hecho, cuando estaba a punto de viajar a Córdoba. En esa oportunidad se lo detuvo por la Ley 815, aunque el fin que se perseguía era el de su vinculación con el asalto.
Atento a ello fue la nulidad y ésta no pudo ser desestimada por el magistrado, por lo que terminó dictándole el sobreseimiento y su inmediata libertad.
Las restantes nulidades no fueron aceptadas, por lo que Bustamante, Reinaga y Barrera continuarán detenidos hasta la realización del juicio oral.
Cabe señalar que la calificación del Ministerio Público Fiscal fue la de «robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con la utilización de arma de fuego de uso civil», algo para lo cual se estiman penas de cumplimiento efectivo que podrían superar los seis años de cárcel.

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