La Justicia tucumana dictó una condena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva contra Diego Zerda, de 33 años, al considerarlo responsable de instigar al suicidio de su expareja, Karla Robles, y de amenazar al hermano de la joven.

El fallo fue dictado por la jueza Fanny Siriani, quien sostuvo que durante el juicio quedaron acreditados tanto el dolo como el nexo causal entre la conducta del acusado y el desenlace. La sentencia también dispuso prisión preventiva por cuatro meses hasta que el fallo quede firme.

La causa fue analizada con perspectiva de género y reconstruyó una relación atravesada por violencia física, psicológica, amenazas y mecanismos de manipulación. Según la acusación, desde 2022 Karla había realizado reiteradas denuncias contra Zerda y existían medidas de restricción que no habrían logrado frenar el hostigamiento.

Una situación de vulnerabilidad que fue aprovechada

Durante el debate, la Fiscalía sostuvo que Zerda conocía el estado de vulnerabilidad de Karla y utilizó esa situación para aislarla, someterla y profundizar el daño psicológico.

Uno de los elementos centrales fueron las pericias realizadas por el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales y las capturas de mensajes aportadas por amigas de la joven. La Justicia consideró especialmente relevante esa evidencia digital para reconstruir el vínculo y los mensajes enviados por el acusado.

La madrugada del 24 de octubre de 2025, Karla realizó una transmisión en vivo por TikTok en la que se despidió de sus seres queridos. Poco después murió por suicidio.

La Fiscalía sostuvo que ese episodio no podía analizarse de manera aislada, sino como el desenlace de un proceso prolongado de violencia y sometimiento.

La Justicia también cuestionó fallas previas de protección

Otro punto fuerte del fallo fue la referencia a las denuncias realizadas previamente por Karla.

La jueza cuestionó que, pese a existir antecedentes de violencia, amenazas y medidas restrictivas, no se hubiera logrado evitar la continuidad del hostigamiento.

Durante el juicio también quedó acreditada una amenaza posterior contra el hermano de la víctima, enviada poco después de la muerte de Karla, hecho que fue incorporado a la condena como delito de amenazas simples.

La Fiscalía y la querella habían solicitado una pena de seis años, mientras que la defensa pidió la absolución. Finalmente, el tribunal fijó una condena menor, pero reconoció la responsabilidad penal del acusado.

El caso es considerado además un antecedente relevante en Tucumán, ya que se trata del primer juicio oral y público por instigación al suicidio que termina con una condena de prisión efectiva en la provincia.

La sentencia pone nuevamente en discusión la necesidad de actuar de manera temprana frente a denuncias reiteradas de violencia de género y de fortalecer los mecanismos de protección cuando existen amenazas, hostigamiento y situaciones de especial vulnerabilidad.