El joven oriundo de la ciudad rionegrina de General Roca, que fue detenido el año pasado en esa ciudad luego de sospechas por actividades terroristas y una presunta conexión con células yihadistas, enfrenta una causa penal de largo aliento, con idas y venidas en relación a los informes forenses que deben confirmar si puede enfrentar un juicio oral.

El hombre bajo sospecha es David Nazareno Ávila, de 22 años, quien fue apresado en General Roca luego de una serie de allanamientos. El procedimiento se concretó el 9 de enero de 2025 y el 14 de ese mismo mes, enfrentó su primera indagatoria.

El joven había empezado a ser seguido de cerca desde los primeros meses de 2024 por varias publicaciones en redes sociales donde difundía propaganda yihadista. Los primeros en intervenir fueron los responsables de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Apenas lograron identificar el origen de las publicaciones, avanzaron con una denuncia en el juzgado federal de la ciudad bonaerense de Campana.

Entre los puntos llamativos de la investigación primigenia, se conoció que Ávila vivió en Neuquén debido a que se sumó al Ejército Argentino como voluntario. Sin embargo, su paso por el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de la ciudad de San Martín de los Andes fue fugaz -apenas dos meses- y terminó expulsado por razones de disciplina, rendimiento y competencia. Uno de los incidentes que se le atribuye es un robo en un supermercado.

Una vez que tomó intervención el juzgado de Campana, el joven roquense quedó bajo la lupa de los investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PFA), que empezaron a reunir distintos elementos de prueba. De esta forma, se llegó a los allanamientos de enero del año pasado.

La causa penal recayó en la justicia roquense

Ávila no solo fue procesado, sino que la Cámara Federal de San Martín ratificó lo resuelto en primera instancia.

Más allá de esta primera etapa investigativa, que se desarrolló casi sin demoras, surgió un punto previsible y que tenía relación con la competencia. En ese marco, las actuaciones se trasladaron al valle rionegrino, más precisamente al juzgado federal de Roca.

La causa penal atraviesa ahora otro retraso vinculado con los informes psicológicos, que deben definir si el joven está en condiciones de enfrentar un juicio oral por “haber formado parte de agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, agravado por tener la finalidad de aterrorizar a la población, en concurso ideal con haber alentado o incitado a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”, tal cual la acusación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

En el cierre de esta semana, el Tribunal Oral Federal de Roca (TOF) confirmó que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación deberá emitir un nuevo diagnóstico donde “se expida sobre los puntos propuestos y que no han sido evacuados”.

Finalmente, los jueces aclararon que no se pronunciarán sobre la prisión preventiva y que la situación de Ávila deberá resolverse en la medida en que se conozca el informe solicitado al Cuerpo Médico Forense.