Tras el cierre de la agencia oficial de noticias Télam, el Gobierno se encuentra analizando las distintas opciones para su liquidación. La decisión, ordenada por el Presidente Javier Milei, ha generado objeciones en el ámbito político y judicial.

Entre las alternativas consideradas se encuentran el cierre total de la agencia, su reconversión a una redacción mínima o su privatización. El cierre total de la agencia implicaría el pago de indemnizaciones y jubilaciones a todo el personal, pero esta opción podría enfrentar obstáculos legales y judiciales, similares a los que enfrentó el gobierno de Cambiemos cuando intentó reducir al mínimo la agencia.

En ese momento, la justicia laboral ordenó la reincorporación de 180 empleados despedidos, argumentando que los empleados de Télam están amparados por la ley de empleo público.

El Gobierno insiste en que el cierre de la empresa no requiere la aprobación del Congreso, ya que el mega DNU vigente derogó la ley 20.705, que prohibía el cierre de empresas públicas. Sin embargo, se está considerando la posibilidad de emitir otro decreto que ordene el cierre de la agencia.

Mientras tanto, los gremios que representan a los empleados de la agencia esperan una solución parcial, que podría incluir la dedicación de Télam a la distribución de publicidad oficial y una redacción mínima. También se contempla la venta de uno de los tres edificios de la agencia como base para el pago de las eventuales indemnizaciones.

El Gobierno afirma que el análisis de las opciones disponibles será exhaustivo y no descarta que se tomen más días para definir el plan de acción. A pesar de los posibles obstáculos, se reitera la decisión de cerrar la agencia, a la que se califica de “deficitaria” y “utilizada en las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista”.