El Municipio rechazó las imputaciones penales sin pruebas formuladas por José María Ferreyra de las Casas y anunció que se reserva las acciones legales contra el abogado de Patagonia Argentina.

En una entrevista periodística, el abogado de la empresa que perdió la licitación del servicio, atribuyó a funcionarios municipales una “asociación ilícita” y los calificó de “socios” de la concesionaria.

“El letrado no individualizó a ningún funcionario, no citó denuncia ni causa penal y no aportó documentación alguna”, indicó Juárez. Desde el Municipio remarcaron que imputar delitos en un medio de comunicación, sin sustento, no es litigar: es intentar sustituir los tribunales por el micrófono.

El Municipio señaló además que, en la propia entrevista, el abogado reconoció que el acuerdo con los 72 trabajadores fue homologado con intervención sindical y que el plazo adicional para las unidades faltantes no está ratificado por el Concejo Deliberante. También indicó que las cuestiones que denuncia están sometidas a la Justicia y sin sentencia.

En ese sentido, precisaron que no hay pago al sindicato consumado ni resolución judicial que declare ilegalidad o sesgo alguno, y que lo presentado como escándalo es una alternativa de diálogo sobre un conflicto laboral que la empresa dejó planteado.

La funcionaria afirmó que “calificar de ‘amañado’ un proceso que se cuestiona en un juicio aún sin prueba producida, constituye una estrategia de presión y no un hecho acreditado”. Y remarcó que “desde que perdió la licitación, este personaje viene haciendo todo tipo de denuncias, y la Municipalidad ha presentado toda la documentación solicitada por la justicia en cada oportunidad sin que haya sido citado ni un solo funcionario”.

En relación con los trabajadores, el Municipio sostuvo que su preocupación por los 72 empleados es institucional y verificable. Afirmó que quien dejó a esas personas sin horizonte laboral fue una disputa empresarial que hoy se pretende trasladar a la opinión pública.