De las miles de demandas que enfrenta Meta por la seguridad infantil en sus plataformas, ninguna podría ser más trascendental que la que va a juicio desde este martes en California.

Los estados buscan cuantiosos daños financieros que podrían, en teoría, sumar hasta 1,4 billones de dólares, además de cambios en la forma en que la empresa opera Facebook e Instagram.

La demanda, iniciada en 2023, acusa al gigante de las redes sociales de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar a sabiendas y deliberadamente funciones que enganchan a los niños a sus plataformas. También afirma que Meta recopila rutinariamente datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.

“Meta ha aprovechado tecnologías potentes y sin precedentes para atrapar, enganchar y, en última instancia, cautivar a jóvenes y adolescentes. Su motivación es el lucro, y busca maximizar sus ganancias financieras”, señala la demanda.

Docenas de estados presentaron la demanda hace tres años. El juicio en un tribunal federal de Oakland, California, cuenta con cuatro de los estados como demandantes: California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Se espera que los otros 25 estados tengan sus juicios más adelante.

Para Meta, que ya perdió dos casos clave por daños a niños y adolescentes este año, el riesgo es alto. La empresa reportó un inusual descenso en sus ganancias el mes pasado, en parte debido a 2400 millones de dólares en gastos legales.

La cifra de 1,4 billones de dólares, que Meta divulgó en un expediente judicial, es casi tan alta como toda la capitalización de mercado de la empresa con sede en Menlo Park, California —es decir, el valor de todas sus acciones en circulación en el mercado bursátil—. Pagarla llevaría inevitablemente a Meta a la bancarrota y quizás pondría a la empresa bajo propiedad estatal.

“Los fiscales generales de los estados van con todo”, dijo Eric Goldman, profesor y codirector del Instituto de Leyes de Alta Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara. “Están intentando sentar un precedente definitivo en este caso, han pedido indemnizaciones extraordinarias y van a buscar remedios estructurales extraordinarios si tienen éxito”.

Si Meta pierde el juicio, el tribunal tendría un amplio margen de discrecionalidad sobre la magnitud de cualquier sanción financiera, y los expertos legales afirman que cualquier cifra cercana a los US$1,4 billones sería poco probable.

El juicio federal de esta semana es más complejo que uno celebrado a principios de este año en Los Ángeles, donde un tribunal estatal concedió 6 millones de dólares en daños pagaderos por Meta y YouTube (de Google) a una sola demandante, una joven que testificó haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña.

Ese caso fue una prueba piloto, o caso testigo, seleccionado entre miles de demandas civiles por daños similares para dar tanto a los demandantes como a los demandados una idea de cómo funcionan sus argumentos en el tribunal. El jurado determinó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño u operación de sus respectivas plataformas, y que la negligencia fue un factor sustancial en causar daño a la demandante. También determinaron que cada empresa sabía que sus plataformas podían ser peligrosas cuando las usaba un menor y que no advirtieron adecuadamente sobre ese peligro.

Por su parte, el caso de Oakland tiene a los fiscales generales estatales como demandantes y se centra en las leyes estatales y federales que alegan que Meta violó, las cuales establecen los montos de las posibles sanciones por cada infracción.

“Y hay muchísimas, porque son cuatro estados diferentes y al menos tres tipos diferentes de leyes. Hay una ley de privacidad infantil, una ley de publicidad engañosa y hay leyes de competencia desleal”, dijo Rebecca Allensworth, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt.